La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) frente al caso Lava Jato expresó su absoluto rechazo a todo acto de corrupción y su firme convicción de que debe ser combatida por sus efectos perniciosos en la economía nacional y en el bienestar de los peruanos.
Invocó, asimismo, a las autoridades policiales, fiscales y judiciales, a actuar con la máxima celeridad para dilucidar la responsabilidad de quienes cometieron estos graves delitos y fijar las sanciones y reparaciones que correspondan.
En esa línea, precisó que desde hace más de tres años, la Junta de Ética de Capeco se encuentra trabajando para prevenir y tratar de erradicar los actos de corrupción que se presenten entre sus asociados para lo cual se modificó el Código de Ética y los estatutos de la Capeco.
Por lo que, dijo, se viene brindando una total independencia a la Junta de Ética y facultándola para disponer la aplicación de sanciones en resguardo de su reputación gremial, así como encargándole un programa de capacitación y formación continua para promover la prevención de estos actos.
Exhortó, también, al Poder Legislativo y Ejecutivo a dictar disposiciones legales y administrativas apropiadas en relación con la continuidad de las obras públicas afectadas por estos casos de corrupción, buscando por sobre todas las cosas preservar el interés nacional.
Consideró que es necesario sopesar con criterio técnico diferentes factores concurrentes al interés nacional, como la búsqueda del resarcimiento a favor del Estado; el impacto de las obras en otras actividades económicas y en las poblaciones beneficiarias; el costo fiscal por la postergación del uso de las infraestructuras; la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos; y la afectación a proveedores y subcontratistas de obra.
En este contexto, insistió en la necesidad de implementar una estrategia integral para evitar que este tipo de delitos se vuelvan a producir en el futuro, cuyo primer componente es la modificación radical del marco normativo que rige las contrataciones estatales, buscando promover la competencia, transparencia, eficiencia y calidad de las infraestructuras públicas y privadas.
Fuente Diario Gestión
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