Perdimos una batalla contra la corrupción luego de la primera explosión del Lavajato peruano, la de diciembre del año 2006, cuando Odebrecht reveló el pago de US$ 29 millones en coimas a funcionarios peruanos. Perdimos otra batalla luego de la segunda explosión, en diciembre pasado, cuando se revelaron los documentos que terminaron en el pedido de vacancia presidencial.
Con tales antecedentes, en las condiciones en que opera el sistema político y judicial, es vigorosa la tendencia a que la tercera explosión del Lavajato, a raíz de las últimas declaraciones de Jorge Barata, no sea ganada por el Perú.
Es cierto que los datos que suministra Barata son detallados y contundentes. De hecho, representan la resurrección de la colaboración eficaz venida a menos luego de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, tachadas de muy generales. También simbolizan el empoderamiento de la fiscalía, que posee por algunas semanas la extraordinaria oportunidad de corroborar informaciones que encierran valiosos datos del modelo político peruano.
Subsisten problemas funcionales y estructurales que incidieron en el efecto muy limitado de las anteriores revelaciones. El primero es la falta de colaboración entre las instituciones llamadas a combatir la corrupción, la mayoría de las cuales usa su autonomía como una forma de contrapoder para eludir sus propias acusaciones, o como un argumento contra la cooperación. Esto conduce a una suerte de autobloqueo que partidariza las indagaciones, retarda los procesos de extradición y colaboración eficaz interna, o alarga las investigaciones.
Un segundo grupo de fenómenos que condujeron a que las revelaciones pierdan efecto es la propensión a la normalización social de las denuncias, es decir, su rápida asimilación por la sociedad y el sistema, a lo que se añade la debilidad de la movilización ciudadana, que rápidamente deja de ser activa e influyente. A nuestra calle, le falta calle.
Ambos problemas, lo funcional y estructural, nos colocan cada vez más lejos el desenlace brasileño, por lo menos en relación a la etapa previa a la destitución de Dilma Rousseff.
En nuestro caso, la amplitud del impacto de las declaraciones de Barata motivará un zafarrancho de combate donde se diferencie poco la defensa judicial del ataque al otro mencionado, un proceso en el que cada cual hará un Barata a su medida. Aun así, debe anotarse que el fujimorismo y el Gobierno son las fuerzas vigentes más impactadas por los testimonios del ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú.
Fuera de ello, es probable que salvo una cuarta explosión que provenga de la siguiente declaración de Barata en marzo, el sistema resistirá una vez más estas revelaciones que en otros países genera efectos de corto plazo. Dicho esto, las posibilidades de cambios de fondo se ubican en el mediano o largo plazo como efecto de la pérdida definitiva del discurso anticorrupción de todos los grandes actores públicos. En ese punto no habrá vuelta atrás: las declaraciones de Barata limpian la cancha, desideologiza y al mismo tiempo politiza la lucha contra la corrupción, relativiza el papel de las instituciones en relación a ella –especialmente del Congreso– y abre la puerta a nuevos actores que se atrevan a proponer soluciones firmes cercanas al “que se vayan todos” aunque al final no se vayan ciertamente todos.
Si algunos todavía lo negaban, nuestro Lavajato se configura como la crisis de la antipolítica –otra diferencia con Brasil– que arrastra insospechados giros. Resulta que la corrupción que supuestamente importó la izquierda desde Brasil también tocó las puertas de los grupos políticos que defendían el modelo económico y sus gremios empresariales, de modo que las empresas brasileñas financiaron a tirios y troyanos. No hay coima gratis.
En el contexto de una prolongada incertidumbre, con las ecuaciones corrupción/gobierno, corrupción/izquierda/derecha y corrupción/empresa en alza, habrá más convicción de que el país debe reformarse para curarse de la enfermedad que hace del dinero y no de las ideas el principal organizador de la política. Hay vida más allá de Lavajato.
Fuente La República
