El Ministerio Público, la Procuraduría y el exfuncionario Domingo Arzubialde, apelaron la sentencia contra este último y sustentaron por la mañana de este miércoles, en audiencia, las razones por las que debería cambiar lo dispuesto por la jueza Nayko Coronado el pasado 20 de febrero.
Arzubialde, en calidad de gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, fue condenado entonces a 4 años de prisión suspendida, 3 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y el pago de una reparación civil de S/100 mil por el delito de negociación incompatible en el caso Línea Amarilla.
No obstante, ni el Ministerio Público ni la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jatoquedaron satisfechos con la medida y apelaron. De esta manera, el fiscal César Zanabria solicitó a la Sala Penal Anticorrupción incrementar la pena a 4 años y 4 meses de prisión.
Por otra parte, la pretensión de la Procuraduría es alternativa puesto que su fin principal fue el de anular la parte de la sentencia referente al pago de los S/100 mil por considerar que la jueza Nayko Coronado no valoró los elementos suficientes que apuntan a que Arzubialde sí cometió un delito. Ello justificaría un pago mayor. En caso no se pueda anular la condena y se entre a un nuevo juicio con nuevo pedido de reparación civil, la institución mantuvo que Arzubialde pague S/17 millones al Estado (S/10 millones por daño patrimonial y S/7 millones por daño extrapatrimonial).
La base de estas solicitudes estriban en que, de acuerdo con la Fiscalía, entre los años 2012 y 2014 el consorcio LAMSAC, encargado de la ejecución de la Línea Amarilla (pistas en la Av. Evitamiento) y cuyo mayor accionista fue la brasileña OAS, se benefició con un monto de S/10 186 569. «Hemos pagado S/0.20 de más» en ese periodo, sostuvo el fiscal. Arzubialde jugó un papel crucial en el entramado.
«Se le atribuye haberse interesado directa e indebidamente en el contrato en el que hubo un incremento de los peajes», indicó al fiscal. Asimismo, la vulneración del contrato que hizo la concesión con la Municipalidad de Lima en 2009 -cuando el burgomaestre era Luis Castañeda Lossio- se centró en la variación al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Allí, las consultas y aprobaciones de Domingo Arzubialde, acorde con la Fiscalía, jugaron a favor de LAMSAC.
Este cambio tuvo como consecuencia el alza de la tarifa del peaje desde aquel año hasta julio del 2013, cuando esta variación debió efectuarse desde enero. El fiscal adujo también que en la sentencia se señala que el exfuncionario de Susana Villarán pudo evitar esta sobreganancia del consorcio, pero no hizo nada para evitarlo y que ello constituye «dolo directo o en primer grado».
Operaciones
El abogado de Arzubialde, por su parte, pidió absolver a su defendido alegando que no se ha contemplado debidamente la declaración del subgerente de contratos de la MML, Juan Ramos Arapa. Luego, por propia declaración del sentenciado, este indicó que «no era necesario delegar funciones» a sus subordinados.
Pese a ello, según su testimonio, los cambios empezaron durante su periodo como gerente de Promoción de Inversión Privada entre el 2012 y 2014 cuando el consorcio LAMSAC (dominada por la constructora OAS) modificó su fuente de financiamiento para la ejecución de la obra de OAS Investment Ltd. en el 2010, a Citibank en el 2012.
Con ello, las modificaciones conllevaron el reajuste de las tarifas del peaje. Las consultas de la Municipalidad de Lima, según la Fiscalía, no hicieron lo suficiente para detener una medida que afecte a la ciudadanía con el aumento del cobro en esos años.
Otra de las aclaraciones que hizo Arzubialde fue que José Miguel Castro, exgerente general de la MML, no hizo ninguna observación al reajuste de tarifas». Como se recuerda, este exfuncionario está implicado en el caso Odebrecht por ser el presunto intermediario entre Susana Villarán y Jorge Barata de US$3 millones aportados por la constructora para la campaña contra la revocatoria del 2013.
La Sala de Apelaciones, presidida por el juez Ramiro Salinas, determinó que la audiencia para evaluar los tres pedidos en etapa de juicio en segunda instancia, se continúe el próximo 16 de mayo desde las 9 a.m. en el edificio Carlos Zavala.
Fuente La República
