El COVID-19 no solo ha traído a nuestro país muerte y crisis económica, sino también decenas de presuntos casos de corrupción en los cuales han estado involucrados varios gobernadores regionales y alcaldes.
Uno de ellos es el actual gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, quien tiene 45 denuncias en curso en el Ministerio Público. Entre ellas figuran las investigaciones por las presuntas irregularidades en las contrataciones y compra de equipos médicos en los hospitales de Chimbote, Nuevo Chimbote y Huaraz durante el estado de emergencia.
Morillo Ulloa fue detenido el pasado 30 de noviembre. El juez Derby Quezada Blanco dictó siete días de detención preliminar por el presunto delito de colusión en la investigación que se le sigue por el caso de la remodelación de un ambiente para la atención de pacientes con coronavirus en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.
Asimismo, el último domingo, el fiscal Rojas Ascón solicitó al Poder Judicial que se ordene 9 meses de prisión preventiva contra el detenido gobernador regional, tras precisar que en el transcurso de su investigación ha encontrado “graves y fundados elementos de convicción”. La audiencia donde se evaluará el pedido de prisión preventiva fue programada para este martes, a las 9 a.m.
Una amplia lista
Al igual que Morillo Ulloa, otros gobernadores regionales y alcaldes han sido involucrados con presuntos casos de corrupción durante la pandemia. Supuestos favorecimientos en licitaciones públicas para familiares de autoridades locales, presunta sobrevaloración en obras que se hacen contra el reloj por la pandemia, y cobros de bonos COVID-19 inventados, son algunas de las acusaciones.
El alcalde de Barranco, José Rodríguez, fue denunciado por almacenar donativos en su casa y utilizar para el traslado vehículos municipales. Si bien el alcalde pidió disculpas y consideró que se trató de un “error”, la fiscalía procedió con la investigación de los hechos.
En Huánuco, la Fiscalía Anticorrupción intervino la Red de Salud de esa región. Según la Procuraduría, esta dependencia del gobierno regional habría adquirido materiales de limpieza a precios sobrevalorados y comprados directamente a dos empresas vinculadas a familiares del gobernador regional, Juan Alvarado.
En Junín, por su parte, la Procuraduría Anticorrupción denunció ante el Ministerio Público, la entrega irregular de un denominado Bono COVID-19 para 120 trabajadores, entre funcionarios y obreros, de la empresa de Agua Potable Sedam-Huancayo. Estos recibieron entre S/50 y S/1.500 extras a su sueldo en abril y mayo.
Para la Procuraduría, esto no tuvo u sustento jurídico y se trataría de un “posible peculado por apropiación irregular de recurso públicos del Estado”. La denuncia alcanzó a Lourdes Sandoval Rojas, gerente de Sedam-Huancayo. Al respecto, Carlos Quispe, alcalde de Huancayo y presidente de la Junta de Accionistas de Sedam-Huancayo, manifestó que los que habrían aprobado dicho bono son los directores de la empresa de agua y la gerenta Sandoval.
En tanto, en la provincia de Bagua (Amazonas), el Ministerio Público procedió con la investigación de la construcción de un área de cuidados intensivos en el Hospital de Apoyo de Bagua. Las irregularidades detectadas comienzan desde la sobrevaloración en los costos de la obra.
Según la fiscalía, esta obra está valorizada en 1 millón de soles. Sin embargo, no valdría ni 200 mil soles. También se investiga la falta de documentación que sustente la contratación directa por el servicio de construcción.
Por su parte, Óscar Altamirano, gobernador de Amazonas, afirmó que la obra vale muchos más. “El costo de los trabajos asciende a 2 millones 300 mil soles. De ese dinero, 1 millón se utilizará para la infraestructura. El resto de dinero servirá para la implementación (camas UCI, ventiladores mecánicos, etc)”, precisó.
Entrega de canastas
A lo largo del estado de emergencia por la pandemia, la fiscalía también intervino varias sedes municipales a fin de iniciar una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de canastas de víveres a la ciudadanía.
Las diligencias alcanzaron a los municipios del Callao, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Breña, Carmen de La Legua, Villa María del Triunfo, Pueblo Libre, Chosica, Pucusana, entre otros. Esto en respuesta a las denuncias de los vecinos que aseguran no haber recibido ayuda social a través de canastas.
Por otro lado, también se registraron denuncias sobre canastas entregadas por algunas municipalidades que contenían productos adulterados, vencidos, deteriorados y sin registros sanitario. Este es el caso del municipio provincial de Caylloma (Arequipa). La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay intervino el almacén de la comuna y corroboró la denuncia los vecinos.
Fuente El Comercio
