La jueza que aprobó el acuerdo con Odebrecht, María Álvarez Camacho, decidirá en los próximos días si el exalcalde Luis Castañeda Lossio y otros cinco exfuncionarios de la Municipalidad de Lima estarán los siguientes tres años sin poder salir del país.
Castañeda, que no asistió a la sesión que evaluó la solicitud del fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial Lava Jato, entregó mediante el abogado Bryan Kabsther su pasaporte que vence el 14 de agosto del 2022, como muestra de su allanamiento a la indagación. Pese a ello, su defensa insistió en negar cualquier acto de corrupción en sus gestiones. Los presuntos delitos por los que se le investiga son los de colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos.
Inicialmente, el requerimiento era por ocho meses de impedimento de salida del país, sin embargo se realizó un segundo pedido en el que se incluyeron tres elementos de convicción.
Obras beneficiadas
Uno de estos elementos es un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con planos de las obras implicadas, con las que presuntamente favorecieron a OAS.
En este sentido, también fue incluida la adenda N°1 al contrato de fideicomiso de la concesión Línea Amarilla. En ella se efectuó el cambio del proyecto Río Verde (de la gestión previa de Susana Villarán) por el bypass de la Av. 28 de julio. Por último, fue agregada al expediente 23-2019 la adenda N°3 del 2016, consistente en ejecutar la adenda N°2.
Con esta última se logró, según el fiscal Puma, que el paso inferior de la Av. Morales Duárez y el puente Bella Unión en San Martín de Porres, que estaban programados con presupuesto público, fueran administrados por OAS.
Investigados y ausencias
Según la tesis fiscal, Leo Pinheiro, exdirector de OAS, habría concertado con Castañeda los aportes para su campaña de tercera reelección municipal en el 2014. El nexo habría sido su exgerente de Inversión Privada, Giselle Zegarra, investigada. Las conversaciones por WhatsApp entre la exfuncionaria y el exdirectivo en 2014 también fueron adjuntadas en el pedido fiscal.
Por otro lado, Martín Bustamante, según el colaborador eficaz 101-2019, habría recibido US$220 mil para aportes provenientes de la “Controladoria” de la constructora brasileña. Una especie de ‘Caja 2’. Con ese elemento se le imputa presunto lavado de activos.
Acerca de Jaime Villafuerte, el único investigado que asistió a la audiencia del jueves, se le atribuyeron los presuntos ilícitos de colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y asociación ilícita. Este también fue gerente de Inversión Privada en la gestión de Castañeda Lossio. A Bruno Lucchetti, su antecesor en el cargo y quien firmó la adenda N°2, se le sindicó como cómplice de colusión y negociación incompatible.
José Luna Gálvez, mayor financista de Solidaridad Nacional y exparlamentario, es investigado por lavado de activos. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que entre el 2011 y 2015, Telesup hizo 6 envíos por un monto de S/91,600 a favor de Castañeda.
Posturas
– Oposición. Los investigados, a excepción de Castañeda, estuvieron en contra de aceptar las restricciones. Sin embargo, los abogados de Giselle Zegarra y José Luna también entregaron sus pasaportes. El de Luna había vencido el 25 de enero del 2013.
Fuente La República
