El teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), José Ruiz Vega, recomendó ayer al alcalde Daniel Marcelo y a sus funcionarios hacer un buen informe para anular el proceso de compra de las 137 cámaras de videovigilancia, pues de no hacerlo la empresa ganadora podría acudir a un arbitraje y eso sería perjudicial para la entidad.
El concejal, integrante de la comisión especial investigadora conformada para revisar este tema, dijo que ahora que se ha declarado desierto el proceso de licitación para adquirir los dispositivos, son los especialistas en el área legal de la comuna los que están en la obligación de sustentar bien la nulidad del proceso, a fin de no tener problemas.
IRREGULAR
José Ruiz detalló que su comisión detectó graves problemas en el proceso de compra de las cámaras, por ejemplo el requerimiento para la adquisición de los 137 dispositivos lo hace la gerencia de Sistemas y no la de Seguridad Ciudadana
“Además, el proyecto es del 2016 y al 2019 ese tipo de cámaras ya son obsoletas. Ahora en el mercado hay cámaras más modernas y al mismo precio; pero lo que es más grave es que no hay un sustento técnico de dónde colocar las cámaras, pues no se cuenta con un mapa del delito en el distrito de Trujillo; es decir, no se sabe en qué sector se cometen más hurtos o robos”, enfatizó.
Otro detalle que no quiso pasar por alto José Ruiz es que la actual central de monitoreo, ubicada en la avenida 29 de Diciembre, no tiene la capacidad para soportar 137 cámaras más. “No hay soporte técnico”, agregó el concejal.
En ese sentido, José Ruiz insistió en que son los funcionarios del área legal los que deben resaltar cada uno de estos puntos negativos en este proceso de licitación y buscar la nulidad sin que exista la posibilidad de que la empresa que resultó ganadora acuda a un arbitraje.
Cabe precisar que son 18 millones de soles que se iban a invertir en la compra de las cámaras.
Fuente Diario Correo
