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Martín Vizcarra: Jorge Montoya denuncia a 4 exfiscales de la Nación por supuesto favorecimiento al expresidente

Martín Vizcarra: Jorge Montoya denuncia a 4 exfiscales de la Nación por supuesto favorecimiento al expresidente

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, presentó una denuncia contra 4 exfiscales de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuestamente haber favorecido al expresidente Martín Vizcarra.

De esta manera, el parlamentario demanda la destitución de los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Villena, quienes integran la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, y de la exfiscal Patricia Benavides.

En el fondo, Montoya cuestiona y señala que ningún titular del Ministerio Público aceleró la investigación sobre una denuncia que presentó la excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma contra Vizcarra el 30 de enero del 2019 por el caso Obrainsa.

De acuerdo al documento, la excongresista Vilcatoma sindicó al expresidente Vizcarra de los presuntos delitos de falsedad genérica, omisión de consignar declaraciones en documentos, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Montoya recalcó que la denuncia fue formulada cuando la fiscal de la Nación era Ávalos y que recién el 4 de enero del 2021 se dispuso recabar información relacionada con la obtención ilícita de otorgamientos de buena pro por parte de la empresa Obrainsa cuando Vizcarra fue ministro de Transportes, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Cusco.– La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la adquisición de indumentaria e implementos deportivos para el campeonato organizado por el aniversario de la provincia de Acomayo. Se evidenció que funcionarios y servidores públicos de la municipalidad provincial simularon el proceso de compra de los bienes destinados a los deportistas. El Informe de Control Específico n.º 041-2024-2-0380-SCE, que evaluó el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2023, señala que la entidad entregó camisetas deportivas a los representantes de los distritos y comunidades de Acomayo mediante 78 actas de entrega de bienes entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 2023. Sin embargo, recién el 17 de febrero de 2023, la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales solicitó la compra de la indumentaria a la Unidad de Logística. Ese mismo día, el proveedor obtuvo la buena pro y la entidad emitió la orden de compra por S/ 36 475, antes de que se aprobara el presupuesto para el proceso, lo cual ocurrió el 28 de febrero. En relación con la distribución de las camisetas, la comisión de control solicitó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) la verificación de la autenticidad de las huellas dactilares y firmas en las actas de entrega de bienes. Se descubrió que 64 de los 78 registros corresponden a la misma persona, quien laboraba en la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales de la municipalidad provincial. Además, la entidad adquirió de manera paralela camisetas para árbitros, materiales e implementos deportivos (banderines, pelotas, mallas de arco y redes de vóley). El proceso de compra siguió el mismo esquema irregular, y el proveedor recibió un pago adicional de S/ 2, 811. En ambos casos, no se evidenció documentación sobre la recepción, verificación e ingreso de los bienes al almacén de la entidad. Los resultados del informe fueron comunicados al titular de la entidad para el deslinde de responsabilidades y al Procurador Público Anticorrupción para el inicio de acciones legales contra los funcionarios y servidores involucrados en los hechos mencionados. Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios a través del Buscador de Informes de Servicio de Control en el portal institucional www.gob.pe/contraloria, en aras de la transparencia y el acceso a la información. Fuente: Gerencia de Comunicación Corporativa - Contraloría General de la República

El 25 de marzo del 2022 el Ministerio Público inició diligencias preliminares. Para esa fecha, Ávalos seguía siendo fiscal. Pero cinco días después asumió ese cargo temporalmente su homólogo Pablo Sánchez.

El vocero de Honor y Democracia considera que, de seguir el caso a ese ritmo, la denuncia contra Vizcarra prescribirá en 2027. El expresidente afronta un juicio por el proyecto Hospital de Moquegua y el de irrigación en Lomas de Ilo.

“Esa lentitud en la tramitación de las denuncias a nivel del fiscal de la Nación en el Ministerio Público son fuente de impunidad y velado encubrimiento, dada la presunta afinidad política existente entre determinados personajes que desempeñaron la Fiscalía de la Nación y Martín Vizcarra”, sostuvo Montoya.

Ahora depende de la JNJ avanzar esa demanda. No es la única controversia que existe por Vizcarra, a quien lo cuestionan desde todos los flancos.

Otros casos que pesan contra Martín Vizcarra

Además, Vizcarra fue inhabilitado de la función pública por los casos Vacunagate y Obrainsa. Y el Congreso también alista una nueva por haber disuelto el Parlamento en 2019.

Esta última acusación constitucional está pendiente de ser discutida en la Comisión Permanente y luego en el Pleno.

Ayer la Comisión Permanente aprobó un informe final que recomienda acusarlo constitucionalmente por organización criminal, concusión, cohecho y aprovechamiento indebido del cargo en el caso Vacunagate.

Mientras avanza la cacería contra Vizcarra, también aparecen nuevos señalamientos contra la titular del Ministerio Público.

Ataque a la fiscal Delia Espinoza

Los ataques hacia las autoridades judiciales se están volviendo recurrentes. El ministro del Interior, Juan Santiváñez, presentó una denuncia ante la JNJ contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por supuestamente filtrar a la prensa la disposición que le exigía entregar su cuenta de iCloud y el chipo de su celular.

La JNJ admitió a trámite esa denuncia.

Por el mismo caso, Santiváñez presentó una denuncia constitucional contra Espinoza ante el Congreso. De esa manera, la titular del Ministerio Público se encuentra acorralada entre la JNJ y el Parlamento.

En la vía del Congreso, el camino es complicado para la fiscal, debido a que existe el ánimo de la coalición legislativa de aprobar la imputación. De ser así, Espinoza podría ser inhabilitada hasta 10 años de la función pública.

Fuente La República

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