Alrededor de 30 exfuncionarios públicos involucrados en emblemáticos episodios de corrupción del caso Lava Jato, como los sobornos en las licitaciones del Metro de Lima y la Vía Expresa de la Costa Verde, quedarían impunes por una resolución del Tribunal Constitucional que despoja a la Contraloría General de la República la facultad de aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos por inconducta funcional.
El pronunciamiento del TC se publicó el 26 de abril de 2019, aunque la resolución se emitió el 28 de abril de 2018, lo que ha dejado en suspenso sanciones para más de 15 mil servidores públicos infractores, varios relacionados con actos tipificados como corrupción de funcionarios.
La sentencia del TC indica que el artículo 46° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley Nº 27785 contiene tipos de infracción que son inconstitucionales y, por lo tanto, deben quedar sin efecto, y plantea que el Congreso apruebe una nueva norma.
Debido a la resolución del colegiado constitucional, mientras el Congreso procese y emita una nueva normal, caducarán cientos de casos administrativos sancionadores contra funcionarios públicos.
Efecto rápido
“Estamos hablando de 15 mil 226 funcionarios y exfuncionarios bajo procedimientos administrativo sancionador. No quiero decir que esas más de 15 mil personas sean responsables o no, pero lo que sí ha hecho el Tribunal Constitucional es decirme: ‘Hasta aquí nomás, ya no puedes seguir procesando’. Entonces, yo no tengo cómo determinar si esa persona es o no responsable”, explicó a La República el presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), Enrique Aguilar Surichaqui.
De acuerdo con las disposiciones del TSRA, cuando un proceso administrativo sancionador se inicia, el plazo para que culmine es de dos años. Si no se encuentran responsables, el procedimiento caduca y ya no se puede hacer nada. Por eso la resolución del TC afecta gravemente los procesos sancionadores.
“La sentencia del TC que se emitió en abril de este año nos tiene en ascuas porque la Procuraduría del Congreso ha solicitado un recurso de aclaración, mediante el cual se requiere a los magistrados del Tribunal Constitucional que precisen qué efectos va a tener su sentencia, cuál será la ruta de aplicación de esta sentencia”, explicó el titular del TSRA.
“Tenemos entendido que la sentencia del TC no tiene efectos retroactivos. Además, el Código Procesal Constitucional señala un plazo de dos días para que el colegiado aclare cómo se va a aplicar dicha sentencia. Pero vamos dos meses y una semana y hasta el momento no tenemos una respuesta”, precisó Enrique Aguilar.
Lo que ha quedado en el limbo por una sentencia del TC
Las sanciones que, según el TC, consideró que son inconstitucionales, y que virtualmente ha congelado los procesos contra funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción, son:
- Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público.
- Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios, deberes y prohibiciones señalados en las normas de ética y probidad de la función pública.
- Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento.
- Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de las funciones o el uso de estas con fines distintos al interés público.
Fuente La República
