Cuando se habla de corrupción en el Perú, las principales miradas se dirigen especialmente al Estado y, dentro de este, a los funcionarios elegidos o a los directivos públicos que ocupan cargos en puestos de confianza. Esta percepción es causada porque muchos funcionarios y directivos están siendo investigados por la Fiscalía, debido a serios indicios o porque tienen orden de prisión preventiva a nivel judicial, lo que genera una gran desconfianza ciudadana hacia las instituciones en general. Necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos hacia el Estado para asegurar la gobernabilidad.

Hoy nuestro Estado necesita con urgencia revisar la forma en que toma sus decisiones más relevantes y la manera como gestiona sus servicios públicos. Para ello, la reforma del Servicio Civil permite construir una nueva Dirección Pública, basada en sólidos principios de integridad, cumplimiento de la ley, búsqueda del bien común, y no de intereses particulares, de altas competencias y calificaciones, es decir, sustentado en la meritocracia.

A escala internacional está demostrado que el reclutamiento meritocrático reduce la corrupción y que una dirección pública profesional contribuye con el desarrollo económico. En esta línea, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, suscrita por el Perú, señala la necesidad de contar con una función directiva profesional, diferenciada tanto de la política como de la función pública ordinaria. A ello se suma el Informe de Gobernanza sobre Perú de la OCDE que precisa: “Los servidores del personal directivo encarnan y transmiten los valores de servicio público fundamentales, tales como integridad, imparcialidad, transparencia y meritocracia. Ellos dan el ejemplo en términos de desempeño y probidad, y son actores fundamentales en el desarrollo de la planificación futura y de la capacidad estratégica. Por todos estos motivos, muchos de los países miembros de la OCDE se enfocan en este grupo específico tanto en términos de desarrollo individual como en el de normas, procesos y sistemas especiales de gestión”.

En Chile, un escándalo de corrupción de la década anterior gatilló la creación del Sistema de Alta Dirección Pública para que los altos cargos directivos no sean de libre designación sino seleccionados por concurso público de forma centralizada por la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Consejo de Alta Dirección Pública. Hoy son más de 1,500 los cargos directivos en este sistema, lo que ha motivado que Chile lidere la clasificación del BID sobre calidad de los servicios civiles de América Latina.

En el país, la Ley del Servicio Civil ha previsto la implementación de una nueva Dirección Pública, como una capa intermedia entre los funcionarios y los servidores de carrera, que ingresarán en un 80% sobre la base de concursos meritocráticos y reduciendo los nombramientos de confianza al 20% (hoy son más del 70%). Servir ya ha elaborado los perfiles-tipo de puestos directivos para evitar direccionamientos, ha regulado las etapas de los concursos, dotando de transparencia e incorporando técnicas modernas de evaluación de competencias.

El Reglamento de la Ley del Servicio Civil ha previsto empezar los concursos por el grupo de directivos públicos. Hay que destacar que la OCDE y el BID recomiendan que estos concursos se centralicen en Servir para garantizar condiciones de meritocracia por su experiencia en la selección de profesionales. En esta línea, el reciente Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021 ha dispuesto “Delegar en Servir la regulación e implementación de los procesos de selección en los puestos directivos clave en el sistema de contrataciones, en entidades con presupuestos y proyectos de gran envergadura, y programas sociales.”

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, adelantó en su discurso de investidura que este año “empezaremos los concursos para el acceso al régimen del servicio civil. Concursos transparentes y meritocráticos de tal manera que, progresivamente y garantizando el equilibrio presupuestal, caminemos hacia un régimen laboral único en la administración pública”.

Para implementar esta nueva Dirección Pública –potente arma contra la corrupción y para la calidad de los servicios públicos–, se requiere fortalecer la capacidad de ejecución de Servir, así como lograr el respaldo de las fuerzas políticas y de la sociedad civil, para que sea una política de Estado como ocurre en los países desarrollados, ya que –parafraseando la Carta Iberoamericana de la Función Pública– contar con una dirección pública profesional es una condición no suficiente, pero sí indispensable para el desarrollo.

(*) Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública de SERVIR

Fuente El Peruano

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