A fin de recabar información y documentación referente a la ejecución del proyecto de asfaltado Toccto – Condorccocha – Vilcas Huamán por la empresa Obrainsa, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho a cargo del fiscal, Cruyff Ither Martínez Quispe, junto a la Policía Anticorrupción, intervinieron las instalaciones de la sede del Gobierno Regional de Ayacucho.
Como parte de este proceso, abrió investigación contra el exgobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, por el presunto delito de crimen organizado contra la administración pública, en la modalidad de colusión y cohecho pasivo.
EL CASO. Esta acción se inició de oficio luego de advertir el caso que involucra al exgobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, con un presunto cobro de coima por un millón de soles de parte de la empresa Obrainsa, para presuntamente favorecer en el proceso de licitación del proyecto Mejoramiento de la carretera Toccto- Condorccocha- Vilcas Huamán, que se inició en el 2014 y a la fecha aún no se culmina.
Esta situación se dio a conocer tras las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz en el caso ‘Lava Jato’ y ‘El club de la construcción’, quien involucró con cobro de coimas a esta empresa a los exgobernadores de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, Moquegua, Martín Vizcarra y Cusco, además de otros funcionarios nacionales.
La intervención se realizó ayer en horas de la mañana. El magistrado informó que parte del expediente de contratación no fue ubicado en su integridad en los archivos del gobierno regional a razón que los funcionarios responsables de su custodia no dieron cuenta de su ubicación. Los documentos no hallados, entre los cuales se encuentran las bases del proceso de selección y propuesta técnica económica del ejecutor de obra, son de gran trascendencia, pues darían cuenta de los detalles de dicha construcción.
SIN POSICIÓN CLARA. Tras ser consultado sobre este tema de presunta corrupción que involucra a la exautoridad, el gobernador regional, Carlos Rua, evidenció no tener una posición clara y sólo manifestó que es un caso de que se encuentra en proceso de investigación y debe ser esta instancia el que determine las responsabilidades.
La autoridad manifestó que para ellos es necesario defender los intereses económicos de la región, por ello, desde el momento que asumieron el cargo se han instado a las instancias pertinentes como la Procuraduría, la Contraloría cumplir con sus trabajos para cautelar los recursos en todos los proyectos los emblemáticos, entre ellos el ejecutado por Obrainsa.
“Creemos que es necesario que la población sepa que hay instancias pertinentes que tienen que ver estos casos, como la Contraloría al cual se les envía información de todos los casos que ameritan ser investigados”, destacó.
Finalmente, tras seis años de ejecución este proyecto aún no concluye a pesar de haber solicitado 47 ampliaciones de plazos mediante laudos arbitrales, de los cuales la mayoría fue aceptada por la gestión anterior, pero aún se tienen otros en proceso.
Fuente Diario Correo
