La ministra de la Producción, Rocío Barrios, afirmó que la denuncia fiscal en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado “no tiene asidero legal”.
La Fiscalía le imputa haberse apropiado de dinero del Estado por supuestamente haber simulado la contratación de servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres SAC para la prestación de servicios de mantenimiento para 40 vehículos pertenecientes a la PCM por un costo total de S/177 279 00.
Los hechos se remontan al 2014 cuando Barrios se desempeñaba como Directora General de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Sin embargo, la titular de la Producción sostiene que se trató de un acto administrativo que respondió estrictamente a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado en su resolución Nº 176/2004.TC-SU.
“La acusación fiscal no tiene asidero legal, toda vez que mi accionar al expedir la Resolución Directorial Nro. 303-2014-PCM/OGA, fue emitida en estricto cumplimiento del marco legal vigente; en concordancia con el pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, no habiéndome apropiado de dinero o caudal alguno que me hubiere sido confiado”, afirmó en un comunicado que difundió en Twitter.
Posteriormente en declaraciones a Canal N señaló que existía una tipificación errónea del delito que se le imputaba y una investigación frágil.
También informó que se comunicó con el presidente Martín Vizcarra, a quien le recalcó que su cargo de ministra estaba a disposición.
El fiscal Edwin Manrique Durand formuló requerimiento de acusación contra la ministra Barrios Alvarado y solicitó que se le imponga 9 años y 3 meses de pena privativa de la libertad.
Fuente Andina
