El informe de auditoría N.°3467-2021-CG/GRLIB-AC de la Contraloría General de la República determinó que durante el proceso de compra de las 17 compactadoras de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) hubo un perjuicio económico de S/644 731.34. La adquisición de esa maquinaria se realizó durante la gestión del prófugo alcalde Daniel Marcelo Jacinto.
La principal observación es que “(…) se ha evidenciado que el postor Tracto Camiones USA S.A.C: presentó en su oferta técnica, para el cumplimiento de los requisitos de calificación, una clasificación y/o agrupación de facturas por cliente y monto contractual sin sustentar documentalmente que corresponden a una sola contratación, a fin de cumplir con acreditar fehacientemente su experiencia en la especialidad, conforme a los requisitos y criterios establecidos en las bases integradas definitivas”.
Asimismo, el informe dice que “se transfirieron los camiones compactadores adquiridos al SEGAT, dando inicio a las operaciones de recojo de residuos sólidos domiciliarios, previo a la emisión de la conformidad respectiva por parte de la Subgerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico, en calidad de área usuaria, la misma que fue otorgada sin haberse realizado las pruebas y verificaciones técnicas correspondientes, a pesar de que, no cumplían con las condiciones y especificaciones técnicas ofertadas por el postor ganador respecto a la potencia del motor, y que dichos bienes presentaron averías y/o fallas mecánicas desde su puesta en operación”.
Además, dice el informe, se realizó el pago íntegro de la prestación, a pesar de que Tracto Camiones USA S.A.C no cumplió con la realización de la capacitación al personal del SEGAT según las condiciones contractuales (número de personas, horas lectivas y temas), debiendo corresponderle la aplicación de penalidad por mora.
La situación expuesta, asegura la Controlaría, originó que se otorgue la buena pro a un postor que no cumplía con lo requerido en las bases integradas definitivas, afectación a la vida útil de los camiones compactadores y al servicio público, así como perjuicio económico de S/ 644 731,34 a la municipalidad de Trujillo.
Los hechos comentados se originaron por los integrantes del comité de selección, quienes procedieron a la evaluación de la oferta económica de un postor que no cumplió con acreditar el requisito de calificación de experiencia en la especialidad; otorgándole, posteriormente, la buena pro sin que le correspondiera.
Además, por la conducta del gerente de Administración y Finanzas, quien autorizó la entrega de los bienes adquiridos al SEGAT, pese a que no se contaba con la conformidad correspondiente; asimismo, porque tramitó y autorizó la cancelación del total del monto contractual, sin cautelar que previamente se haya cumplido con las condiciones contractuales para la capacitación, impidiendo que se aplique la penalidad que correspondía, por los incumplimientos en los que habla incurrido el contratista.
Finalmente, por el accionar del subgerente de Servicios Generales y Equipo Mecánico y el ingeniero mecánico asignado a dicha área, porque otorgaron la conformidad a los vehículos compactadores sin advertir el incumplimiento manifiesto del contratista (potencia del motor), sin efectuar las pruebas y verificaciones técnicas, ni consultar al SEGAT sobre el funcionamiento de los mencionados bienes Adicionalmente, no cautelaron que el contratista realice la capacitación conforme se encontraba obligado contractualmente.
La Contraloría señaló en dicho informe que las personas involucradas son José Carlos Mestanza Cuszco, expresidente del Comité de Selección, exgerente de Administración y Finanzas; Fernando Calderón Burgos, exgerente de Asesoría Jurídica y Milagritos de Jesús Valverde Tuanama, exsubgerente de Logística, como miembros del mencionado comité. Además, Lenin Harris García Rodríguez, exsubgerente de servicios generales y equipo mecánico y Erci Angulo Castillo, ingeniero mecánico de Servicios Generales.
En todos ellos, la Contraloría identifica responsabilidad administrativa y penal, por ello, exhorta al alcalde José Ruiz Vega a disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MPT comprendidos en los hechos.
DATO
La Contraloría también recomienda que la Gerencia de Asesoría Jurídica disponga la evaluación y ejecución de las medidas administrativas y/o legales con la finalidad de que el Contratista cumpla con su oferta técnica (potencia del motor) y se encuentre una solución definitiva a la continua descalibración del sistema hidráulico.
Fuente La Industria
