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Municipalidad Provincial y Gobierno Regional de Tumbes en casos de corrupción

Municipalidad Provincial y Gobierno Regional de Tumbes  en casos de corrupción

mpy_y_grtNueve casos emblemáticos sobre delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos figuran en la larga lista de procesos registrados en la Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Tumbes.

Procurador denuncia casos de corrupción

Entre esos casos se encuentra el proceso que se le sigue al presidente regional, Gerardo Viñas Dioses, y a otros funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes (GRT), por los presuntos delitos de colusión y abuso de autoridad en agravio del Estado, por las presuntas irregularidades en la obra de ‘Mejoramiento de la infraestructura vial y drenaje pluvial del barrio San José’ ejecutada por la empresa A&J Inversiones SAC.

En este caso, que data del año 2011, tras una conciliación con la contratista el GRT le terminó pagando un millón 889 mil 55 nuevos soles, cuando debió haber pagado tan sólo 7 mil 88 nuevos soles, generando un perjuicio económico al Estado de más de un millón 880 mil nuevos soles.

Otro de los casos emblemáticos, también del 2011, involucra a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT), Marjorie Jiménez Gonzáles, en presuntos actos de colusión, usurpación de funciones y abuso de autoridad.

Esto por la venta subvalorada de 8 hectáreas de terreno en Playa Hermosa a Fernando Saco Vértiz Fernández Dávila, quien también es investigado.

En esta irregular venta se generó un perjuicio económico a la MPT de más de 71 millones de nuevos soles. Y es que el valor real del terreno vendido ascendía a 72 millones 896 mil 280 nuevos soles, pero fue finalmente vendido en apenas poco más de un millón de nuevos soles.

A pesar del tiempo transcurrido, ambos casos aún se encuentran en la etapa de investigación preparatoria.

El procurador anticorrupción, Adriano Aguilar Rimarachín, dijo que en estos casos la procuraduría se ha constituido como actor civil a fin de poder presentar los recursos que sean necesarios para que se cumpla la ley.

Fuente Diario Correo

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