El concejo de regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima otorgó a la compañía brasileña OAS la concesión de la rehabilitación y de la instalación del sistema de peaje de la Vía de Evitamiento, con la condición de que la empresa avanzara el 70 por ciento de las obras antes de iniciar el cobro a los vehículos. La compañía brasileña ni siquiera había alcanzado el 40 por ciento de los trabajos, cuando en octubre de 2013 comenzó a recaudar el peaje.
Fuentes relacionadas con OAS manifestaron que no era cierto que la municipalidad de limeña le entregó la concesión del cobro de peaje a condición de haber avanzado el 70 por ciento de las obras de rehabilitación de la Vía de Evitamiento.
La versión de la empresa brasileña no se ajusta a la verdad.
La República obtuvo una copia del acta del acuerdo del concejo limeño del 15 de junio de 2009, que aprueba el proyecto de inversión Línea Amarilla presentado por OAS. En dicho documento –que lleva la firma del alcalde Luis Castañeda Lossio– quedó expresamente establecido que la firma brasileña, efectivamente, debía completar el 70 por ciento de las obras antes de comenzar a cobrar el peaje.
El acuerdo de los regidores señala textualmente:
El cronograma de inversión prevé que la empresa (OAS) aporta recursos propios hasta aproximadamente 70 por ciento de la inversión prevista, vale decir 331,2 millones de dólares antes que capten los ingresos de peaje que se destinan actualmente a un fideicomiso de flujos de peaje.
Extrañamente, el contrato entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y OAS, firmado el 12 de noviembre de 2009, pasó por alto lo dispuesto por el acuerdo de concejo que se había adoptado cinco meses antes, el 15 de junio.
Concejo ninguneado
En el mencionado contrato, suscrito por la funcionaria Giselle Zegarra Flores y el ex representante de OAS Valfredo de Assís Ribeiro Filho, no se menciona en ninguna parte la obligación de la empresa brasileña de invertir el 70 por ciento en las obras comprometidas antes de la recaudación del peaje, tal como lo estableció el acuerdo del concejo limeño, lo que favorecía claramente a la constructora brasileña.
Uno de los regidores que aprobó la concesión, y actual alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, señaló que la Municipalidad de Lima debería disolver el contrato con la empresa Línea Amarilla por la causal de incumplimiento. De acuerdo con Zurek, Lamsac –que era de propiedad de OAS–usó los fondos recaudados del peaje para financiar las obras de la Vía de Evitamiento.
“Sin embargo, el contrato expresamente prohíbe a la empresa concesionaria usar los recursos derivados del cobro del peaje para cubrir los costos de las obras. Y eso es una causal de caducidad del contrato”, señaló Zurek.
Para el actual regidor Hernán Ñúnez, efectivamente, el contrato suscrito en el municipio limeño con Línea Amarilla no respetó el acuerdo del concejo del 15 de junio de 2009.
“Lo lógico y lo legal era que se respetara el acuerdo de concejo. Si el acuerdo de concejo establece una cosa, el contrato debería decir lo mismo. Hay una evidente contradicción entre lo que señala el acuerdo de concejo y el contrato. La administración de la municipalidad ha ido en contra de lo que había decidido el concejo de regidores, y las ordenanzas tienen rango de ley”, explicó Núñez.
El cambiazo
El contrato indica que Línea Amarilla iniciaría el cobro del peaje en 2013, pero el condicionamiento lo había señalado con absoluta precisión el concejo de regidores que sería siempre y cuando haya avanzado el 70 por ciento de los trabajos. No obstante, el mandato de las autoridades edilicias es palabra muerta. Línea Amarilla ha aumentado el monto del peaje desde 2013 hasta la fecha y OAS no concluyó las obras que debió entregar en 2015.
Lo llamativo es que hasta el momento las autoridades no intervienen en el caso.
El 5 de agosto de 2015, el presidente de OAS, Leo Pinheiro, recibió una condena de 16 años de cárcel por corrupción y lavado de activos, y otros tres altos ejecutivos fueron sentenciados a 11 años, en el marco del caso “Lava Jato”.
Pero el proceso contra OAS continúa. Los delatores han mencionado la presunta implicación de Valfredo de Assís Ribeiro Filho, el representante de OAS en el Perú y la persona que suscribió la concesión a favor de Línea Amarilla.
A sabiendas de que el caso “Lava Jato” complicaría sus negocios en Perú, OAS vendió la concesión Línea Amarilla a la francesa Vinci Highways, en agosto de 2016, sin haber terminado las obras de la Vía de Evitamiento. La gestión de Luis Castañeda Lossio no hizo ninguna objeción al traspaso de la concesión.
La República pidió reiterada veces al municipio limeño, por intermedio del funcionario de prensa Ricardo Berjón Torres, una versión sobre el caso pero no hubo ninguna respuesta.
El silencio del municipio limeño administrado por Castañeda Lossio no contribuye a aclarar las peculiares vinculaciones comerciales con la brasileña OAS.
En 2014, después de trabajar para el municipio limeño, y de firmar a nombre de este la concesión de la Vía de Evitamiento a favor de OAS, la ex funcionaria Giselle Zegarra prestó servicios profesionales a la compañía brasileña, según reveló el programa dominical “Panorama”.
Luego, en octubre de 2016, el portal de investigación IDL-Reporteros divulgó los mensajes de Whatsapp de Giselle Zegarra con el presidente de OAS, Leo Pinheiro. La información era parte del expediente judicial contra Pinheiro por el caso “Lava Jato”.
La comunicación virtual demostraba que Zegarra mantenía contactos con Luis Castañeda y asesoraba a Pinheiro para que no cerrara un acuerdo con la gestión edilicia de Susana Villarán. Si así lo hacía, obtendría beneficios durante la nueva administración de Castañeda.
Nadie dice nada
Efectivamente, OAS canceló el Proyecto Río Verde que estaba previsto con Villarán, y al ingresar Castañeda al municipio, se le otorgó la construcción del bypass de 28 de Julio.
El ex procurador anticorrupción Joel Segura consideró que había suficientes indicios para que la Procuraduría del caso “Lava Jato”, así como la Fiscalía Especializada en el mismo tema, inicien una investigación de oficio.
“Si bien el documento que manda es el contrato y no el acuerdo de concejo, no hay una correlación entre el acuerdo del concejo y el contrato, y la responsabilidad está en los funcionarios públicos o en la oficina que debió tener en cuenta todos los alcances del acuerdo del concejo”, explicó Segura.
“Antes que el contrato se firme pasa por una serie de oficinas y en ese trayecto alguien no dijo nada debiendo pronunciase al respecto”, precisó.
“Estamos frente a una omisión muy grave porque es una condición clave para el contrato. Y con todos los temas de corrupción que estamos viendo surge la duda si se trató de un error o hay algo detrás. Es un tema que sin duda se tiene que investigar”, finalizó el ex procurador anticorrupción Joel Segura.
La comisión investigadora que presidió el ex legislador Juan Pari había advertido sobre las irregularidades en el cobro de peaje por parte de Lamsac.
“(Empezó a cobrarse el peaje) sin que haya habido como requisito previo un avance de las obras al 70 por ciento”, señala el informe de la comisión.
En el mismo informe de Juan Pari, Luis Castañeda Lossio dio su versión sobre la concesión a favor de OAS: “No participé en ninguna gestión relacionada al proyecto, no suscribí el contrato con la empresa Línea Amarilla, no participé en los acuerdos del concejo en el que se declaró de interés del interés del proyecto Línea Amarilla y la aprobación de la iniciativa privada presentada por OAS”. No sabía nada, dice.❧
En cifras
$ 331,2 millones era lo que debía invertir OAS antes de iniciar el cobro del peaje.
$ 500 millones era el costo inicial de la concesión.
$ 1.100 millones, terminará pagando la municipalidad por la obra.
Fuente La República
