Cuando se destapa un nuevo caso de concertación, los consumidores nos sentimos indignados. Donde pensábamos que las empresas competían por captar la preferencia de sus consumidores se revela que existía en realidad un acuerdo bajo la mesa para aumentar precios, repartirse los clientes o manipular las licitaciones.
Todos queremos que estas conductas no se repitan, debido a que expropian a los consumidores o al Estado la posibilidad de acceder a productos o servicios a un menor precio, mayor calidad y afectan la innovación.
Los aumentos de precios por la actividad de los cárteles se estiman en un 20%. Las familias de bajos ingresos son las más afectadas, pues a diferencia de aquellas con mayores recursos que pueden aun distribuir su presupuesto, las familias pobres pueden llegar a ser privadas de su consumo, con el agravante de que puede tratarse de bienes esenciales.
En Indecopi somos conscientes de que la ciudadanía espera un rol activo y protagónico de la institución en la persecución de quienes desafían a la ley. También lo somos que no son suficiente las buenas intenciones, las conductas anticompetitivas deben ser combatidas estratégicamente, debido a su naturaleza clandestina y a los grandes beneficios que reportan a sus autores.
El Indecopi emplea todas las herramientas que han demostrado, a nivel internacional, ser las más efectivas para su combate. Por un lado, fomenta que las empresas y los gremios tomen medidas para no involucrarse en este tipo de actividades (Guía de Programas de Compliance y Guía de Asociaciones Gremiales); realiza visitas de inspección a las empresas sin previo aviso, cuando existen sospechas para encontrar evidencias de una posible infracción; incentiva la delación y colaboración de involucrados en la conducta vía el Programa de Clemencia; ofrece recompensas para quienes tengan información valiosa (insiders) mediante el Programa de Recompensas; multa con severidad a los infractores; y sigue proponiendo mejoras para fortalecer la defensa de la competencia, como la norma sobre el control previo de fusiones, que nació en el Indecopi y está siendo debatida en el Congreso.
Estos esfuerzos se han traducido en los últimos años en el destape y sanción de cárteles en mercados como balones de gas, oxígeno medicinal, cadenas de farmacias, combustibles, entre otros. ¿Podemos lograr que menos ejecutivos y empresas se involucren en este tipo de conductas si las criminalizamos? La respuesta parece ser afirmativa si consideramos las recomendaciones de la OECD y el camino seguido por países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, Japón, o nuestros vecinos como Chile.
Sin embargo, cualquier reforma legal que se haga sobre la materia debe realizarse técnicamente, criminalizando solo las conductas que son manifiestamente ilegales y no tienen un alto contenido discrecional, regulando la interacción que requerirá este tipo de casos entre el Indecopi y el Ministerio Público, y sin afectar las estrategias de investigación del Indecopi que finalmente descansan en un delicado equilibrio de incentivos y sanciones. No podemos perder de vista que, si debilitamos al Indecopi en su tarea de detectar cárteles, los principales perjudicados serán los consumidores.
Necesitamos normas sólidas e instrumentos legales eficientes que generen un entorno favorable al libre emprendimiento empresarial, responsable y comprometido con el desarrollo del país.
(*) Presidenta del Consejo Directivo del Indecopi
Fuente Diario Gestión
