Los cálculos mínimos señalan que Rutas de Lima les cobrará a los limeños más de diez mil millones de soles al final de la concesión de treinta años firmada por Susana Villarán, y continuada por Luis Castañeda. Con el caso de Línea Amarilla, y sin nuevas proyecciones de aumentos en tarifas, el total de recaudación en peajes no será menor de S/ 34 mil millones.

De esto, solo un pequeño porcentaje irá a las arcas de la Municipalidad de Lima. Esta situación se intentó modificar por la gestión del alcalde Jorge Muñoz, pero, al no haber el Ministerio Público ni la Procuraduría del Estado invocado acciones legales contra los peajes en sí, están atados de manos.

En su reciente presentación ante la Comisión de Transportes del Congreso, el burgomaestre indicó que en los arbitrajes por el peaje Chillón y las tarifas de Lamsac, se habría presentado sendos informes de Contraloría, de la Comisión Multipartidaria Lava Jato del Congreso, de la Comisión de Defensa del Consumidor y argumentaciones de investigaciones fiscales a exfuncionarios.

“Todos saben que acá ha habido corrupción”, acotó Muñoz.

Pero ninguno, ni siquiera el testimonio de la Procuraduría Anticorrupción, sirvió, porque los tribunales internacionales no tenían ninguna comunicación específica del sistema de justicia peruano sobre propiedad nacida de actos ilícitos.

Fuente Diario Expreso

 

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