Al menos unos US$ 5.000 millones (aproximadamente S/ 20.000 millones) en inversiones de mayúsculo calibre se mantienen trabados debido a vínculos con la corrupción.
La paralización del proyecto de irrigación Majes Siguas II, que debía permitir el cultivo de productos de agroexportación de alto valor como paltas, uvas y alcachofas (ingresos para Arequipa por más de US$ 1.010 millones anuales), es la más dolorosa.
Cuatro años detenido desde que se retomó el proceso, que en su primera etapa fue parcialmente ejecutado por el Estado, para que la sola firma de la Adenda 13, la última con la española Cobra, entrara a punto muerto el pasado 23 de octubre, tras la detención del gobernador Elmer Cáceres por el caso Los Hijos del Cóndor. A partir de ello, los consejeros regionales se negaron a firmar el documento que, previamente, había pasado filtros en Contraloría y entidades pertinentes.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su etapa de producción Majes Siguas II aportaría el 13,9% del PBI de Arequipa, y el 0,7% del PBI nacional, mientras que, en términos de empleo, en la fase constructiva iba a acarrear 8.100 puestos de trabajo, más los 145.000 empleos formales.
Cobra había propuesto un incremento de US$ 104 millones en el presupuesto para cambiar los canales abiertos por una red presurizada. Sería la segunda vez en que se incrementa el presupuesto desde la firma del contrato en 2010. En 2015, con las Adenda 12 y el TUO del contrato, la participación del Estado se elevó de US$ 207 millones hasta US$ 282 millones. Con esta nueva idea, iba a pasar de los US$ 404 millones concebidos como meta de una Asociación Público Privada (APP) a bordear los US$ 700 millones.
El tiempo se agota, y Cobra ha dado plazo hasta este mes para firmar. El próximo año ya no quiere nada. Desde el Gobierno piden esperar hasta enero, mientras los regidores se ponen de acuerdo para estampar su firma en un esperado proyecto de irrigación que, al parecer, se quema en la puerta del horno.
El economista Alonso Segura recuerda en esta línea su paso por el MEF, cuando se propuso destrabar unos 56 proyectos de inversión públicos y privados, entre ellos, Matarani. Apunta, en este sentido, problemas asociados a no concentrar esfuerzos en la etapa de planificación y formulación, así como la alta rotación de ministros en sectores clave de infraestructura en los últimos gobiernos.
“No puedes anticipar todo lo que va a surgir y, cuando surge, necesitas la capacidad para resolver los problemas que traban. Hay mucho temor entre los funcionarios de tomar una decisión porque cualquier cosa que hagas te va a llegar un informe. Esa fue la filosofía que tuvimos con la ley de APP, fortalecer las primeras etapas para tener todo muy bien pensado, la relevancia, objetivos, todo eso iba por planes multianuales. Se evita que el proyecto sea ‘faraónico’, aprobado como sea para la autoridad de turno”, expresó.
El señor de Moche
La paralización de la III etapa de Chavimochic, en La Libertad, no tiene que ver, puntualmente, con hallazgos de corrupción de Odebrecht. El problema es que nadie se quiere sentar a negociar con ella tras dilucidarse un arbitraje pendiente que tiene desde 2016 por un cierre financiero que no presentó porque no le habían entregado terrenos. Este trascendental proyecto de irrigación, cuyo potencial y primeras dos etapas se han gestado desde la época de García, tiene una inversión total de US$ 800 millones y, a la fecha, con el 70% de construcción de Palo Redondo, presa clave para su puesta en marcha, se ha gastado US$ 220 millones.
La concesionaria presentó tres propuestas de parte: terminar la presa, desistir de un posible arbitraje en caso el laudo no le dé la razón, y su salida del proyecto. Es decir, pide terminar el 30% que le falta de Palo Redondo y empacar sus cosas. De lo contrario, juicio contra el Estado peruano y cinco años más a esperar por Chavimochic. De momento, el GORE espera que Midagri le devuelva el proyecto para asumir a cuenta propia el riesgo de renovarle, con tal de que la obra no se trabe más. En tanto, el esperado fallo podría salir este mes, en cualquier momento, con lo que diciembre se vuelve un mes crítico para los dos proyectos de irrigación más grandes y parados del Perú.
Eran 150.000 nuevos puestos de trabajo al incorporar a la producción agrícola del norte 30.000 hectáreas de tierras que estaban preparadas y listas para ser cultivadas; además de una promesa de una inversión privada de entre US$ 500 a 1.000 millones.
Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la UP, sostiene que hay mucha desconfianza y temor de cualquier empresario para firmar estas obras de infraestructura pública, pues están manchadas y nada garantiza que luego no se vean afectados por nuevos destapes. Frente a ello, plantea una reorganización de las empresas, normas y mecanismos de transparencia para la ejecución de obras a futuro. Para el especialista, Chavimochic III debería volver a foja cero.
“Ha salido gente especializada en este tipo de obras y se está avanzado poco, porque un problema eterno para estas consignas es el saneamiento físico legal de terrenos, algo en lo que no se ha progresado. El Metro, el aeropuerto demoraron tanto por esto. Tenemos problemas por distintos lados”, indica.
Por la ruta de Lima
En mayo pasado, el MEF puso nuevamente a Odebrecht en la palestra tras emitir una “opinión desfavorable” al proyecto de la nueva adenda al contrato de concesión con Rutas de Lima, presentado por la MML. En la que debía ser la primera adenda con la brasileña tras Lava Jato, el cabildo limeño planteó una cláusula anticorrupción que se “alejaba del estándar” esperado, informó el ministerio.
Gasoducto de nada
Apenas cuatro días después de iniciado el 2015, los primeros tubos del Gasoducto Sur Peruano, procedentes de la India, arribaban por barco hasta el Callao. Con una inversión de US$ 14 millones, correspondían al 3% de la tubería necesaria para toda la troncal, según informó el entonces concesionaria conformada por Odebrecht Latinvest y Enagás. Un año después, el destape salía a la luz y, tras la salida de la brasileña del proyecto en 2017 (tampoco consiguieron el financiero), el Gobierno dio a Osinergmin el cuidado de los tubos, para lo cual contrató a la colombiana Estudios Técnicos, en junio de ese año. También a la inglesa Mott MacDonald para devolverle la credibilidad al proyecto ante sus detractores.
El problema es que la custodia de esos tubos, hoy inoperativos, cuesta US$ 46.899.000 cada año, y en cuatro años ya se han desembolsado más de US$ 200 millones, contando las transferencias adicionales dispuestas por el MEF en los últimos meses por el alza del dólar. Destrabar este proyecto de masificación resulta indispensable, pues perjudica el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (Sitgas), que busca reemplazar al gasoducto. El precio de estos bienes se calcula en el orden de US$ 1.000 millones.
Por si fuera poco, Pluspetrol ha revelado que devuelve 400 millones de pies cúbicos de gas de Camisea al día porque no tienen dónde ponerlo. Y no es que no disponga nada para el consumo interno, pues coloca 600 millones en la red que, lamentablemente, hoy solo prioriza a la capital. Igual cifra va para la exportación. El tema es urgente.
Juan Carlos Salinas, director del Área de Infraestructura del Estudio Muñiz, apunta que los problemas asociados a destrabar proyectos de inversión deben abordarse de una forma integral que permita aislar los lineamientos técnicos y fortalecer eso a nivel de mecanismos de garantía que permitan respaldar la eventual responsabilidad sobre el contratista, a partir de las reglas instaladas previamente en este curso.
“Pero eso no significa que la voluntad política se deba dejar de lado. En el caso de aquellas obras que están paralizadas también hay un costo asociado al mantenimiento del activo y la incertidumbre que se genere en torno suyo. Eso, a la larga, le genera costo al Estado, sumado a las millonarias ganancias que el mismo proyecto podría haber generado en materia de reactivación en este momento. Es inaudito que sigan paralizados tanto tiempo y que, hasta el momento, estos temas no se hayan abordado desde una perspectiva técnica que permita la continuidad de obras”, afianza.
Existen miles de obras paralizadas
En octubre pasado, el contralor general, Nelson Shack, informó que se identificaron 2.445 obras por contrato que están paralizadas y solo 66 están en plena ejecución de los trabajos.
“Para estas obras paralizadas se estableció todo un procedimiento ordenado para su reactivación, que se iniciaba con el mapeo realizado por los gobiernos regionales y locales, para luego establecer la lista de obras prioritarias para reactivar en el marco del Decreto de Urgencia N° 008-2019 y la modalidad a seguir para resolver el problema”, explicó.
Mencionó que, si se adoptan las medidas necesarias para reactivar este universo de obras paralizadas identificadas, tales como aprobar algunas normas o presupuesto para su reactivación, se podría resolver el problema dentro de seis meses.
“Tan importante como destrabar un proyecto es identificar los problemas al inicio. Cuanto más demora en salir la obra, más difícil es volver a ponerla en marcha. Los costos empiezan a variar”.
Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la UP
“Hay muchos mecanismos de participación ciudadana para evitar este tipo de problemas durante la ejecución de un proyecto, pero a la gente parece no importarle demasiado. Es vital involucrarse más”.
Muchas obras tienen ya un correlato de años con distintos discursos presidenciales. Los procesos de corrupción son transversales a todos ellos, es un reto importante afrontar este problema de fondo que nos acompaña de distintas gestiones, tamaños y tipos de inversión pública, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La corrupción sigue siendo un mal que nos cuesta mucho erradicar. El contralor dijo que en el 2020 hubo una pérdida de S/ 22.000 millones por corrupción y que, en 2019, unos S/ 23.000 millones, pero esa reducción se debía únicamente al tema de la pandemia, no a que habíamos logrado la capacidad de luchar contra esto. Hay un espacio importante en temas de regulación y gestión, porque mucho tiene que ver con ampliar las capacidades de la Contraloría y de las propias entidades para hacer mejores requerimientos y transparentes procesos de selección, y sobre todo en la fase contractual, pues muchas de las obras grandes que se anuncian ya tienen adendas en curso, pero que han sido dejadas de lado por casos como Lava Jato o Club de la Construcción. Por ejemplo, en Chavimochic los últimos tres mandatarios le han dado muchas vueltas a la solución, si sentarse o no con Odebrecht para que termine la parte que falta e irse. Por otro lado, está también la idea de hacerlo por inversión pública más tradicional, todo sujeto a los arbitrajes de por medio. Igual pasa en Majes, solo faltaba la firma de la Adenda 13, pero ahora está parada porque los nuevos miembros del consejo de Arequipa deben tomar conocimiento de lo que van a aprobar, y es comprensible.
Este proyecto ha estado incluido en todos los marcos macroeconómicos multianuales de todos estos gobiernos como un tema importante para reactivar la economía, pero nada.
Fuente El Comercio
