Cuando la constructora Odebrecht creía que ya tenía controladas las investigaciones sobre la corrupción que desató en Latinoamérica, La Posta, un portal de noticias, le desbarató sus planes.
EXPRESO conversó con Andersson Boscán, precisamente quien accedió a las pruebas de que la constructora sobornó en muchas más obras de las corroboradas por los fiscales peruanos.
“En el sistema Drousys hemos encontrado documentos borrados, comunicaciones borradas. Eso tiene que investigarse, porque podría cambiar toda la situación”, refiere Boscán.
Un antecedente poco difundido de este accionar criminal se dio en 2016, cuando el operador brasileño Fernando Miggliaccio da Silva fue arrestado en Suiza. Este sujeto pretendía borrar los datos comprometedores.
“En el caso peruano, el Gasoducto es una de las obras más relevantes, luego de la delación de Jorge Barata. Tengo entendido que se propone volver a declarar. Yo preguntaría a las autoridades peruanas, si es de confianza el testimonio de una persona que ya ha mentido. ¿Pueden fiarse de alguien así?”, agregó el investigador.
Boscán está muy bien informado del Gasoducto del Sur, la obra emblemática del gobierno de Ollanta Humala. Las iniciales del expresidente aparecieron en el celular de Marcelo Odebrecht, en la lista de receptores de dinero, y el mismo empresario confirmó que se refería al político.
En este tema, nos refiere que el monto de reparación civil acordado por el Ministerio Público y la Procuraduría peruanos no corresponde con la realidad, y debe variar radicalmente, porque el proyecto energético pasó de costar 1,400 millones de dólares en el 2011, a cinco veces más en el 2014, cuando se firmó el contrato.
“Se debe reformular el monto de la reparación, porque no es lo mismo cobrar de una obra que costó mil millones, que de una de siete mil millones”, agregó.
Además, nos explicó algunas diferencias entre la forma en que autoridades de Perú y Ecuador han afrontado el caso Lava Jato.
“En Ecuador, desde junio de 2017 existe un acuerdo confidencial para la colaboración eficaz, donde se indica taxativamente que la empresa tiene que dar toda la información que posea. De lo contrario, puede pasar a la calidad de acusado por fraude procesal o por obstrucción a la justicia”, precisó.
A diferencia de nuestro país, donde se aceptó una reparación civil de 610 millones de soles –unos 182 millones de dólares–, en Ecuador aún no se ha podido llegar a una cifra oficial, porque también hubo mucha convulsión política.
“No se pudo hacer un cálculo porque se cambiaron a cinco fiscales generales en un año. Recién que ahora hay algo de estabilidad se puede avanzar en este punto. En lo que respecta a la nueva información, apenas conocida, la Comisión Anticorrupción ha hecho un convenio con la Municipalidad de Quito para investigar los casos del Metro de Quito y la Ruta Viva. El primer caso había sido archivado, y en el segundo se va a seguir la ruta de los seguros”, añadió.
Boscán considera que, a pesar de los acuerdos de colaboración eficaz que se cuestionan ahora, esta es una segunda oportunidad para los ejecutivos que manejaron Odebrecht en plena orgía de corrupción, si estos colaboran eficazmente.
“Lo que tienen que hacer es dejar de mentir, ocultar y omitir, que es lo que han hecho. Cada vez que se investiga una obra de Odebrecht, se encuentra corrupción. Por eso decimos que hay corrupción generalizada, que no había obra limpia. Si no les gusta, que brinden toda la información”, exige.
Finalmente, expresó sus dudas sobre la conveniencia de embargar o incautar todos los activos de la constructora en su país, porque podría quedarse sin conocer información reveladora. Si bien está habilitada para ser proveedora de su gobierno, no ha concursado ni ganado procesos desde el escándalo.
MÁS CORRUPCIÓN
Además de las cuatro obras incluidas en el acuerdo de colaboración eficaz, y del Gasoducto del Sur, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ISIJ) encontró registros de coimas por el proyecto de irrigación de Chavimochic, el de Olmos, el Corredor Vial Hualapampa y Rutas de Lima.
Existe riesgo de venta de activos
El jurista y penalista Luis Lamas Puccio indicó que sí existe el riesgo de que Odebrecht venda los activos que posee en las varias obras que todavía tiene a su cargo en el Perú, esto debido al marco legal vigente que promovió el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y fue aprobado por el Congreso.
“Kuczynski dio una ley, a través de la cual el Estado peruano está impedido de incautarle bienes, es más, ni la Sunat puede cobrar o embargarle bienes. Esa ley es inconstitucional, porque no se rige en los parámetros de la Constitución”, señaló.
Sostuvo que, para poder incautar los bienes de Odebrecht, solo habría dos vías: una de ellas es que el Congreso apruebe una nueva ley que derogue la norma 30737, la cual favoreció a la transnacional. La segunda es que el Tribunal Constitucional acepte la acción de inconstitucionalidad planteada por la congresista Yeni Vilcatoma contra esa ley.
Lamas Puccio enfatizó que el acuerdo de colaboración eficaz debería ser declarado nulo, pues Odebrecht omitió información respecto a una obra que también fue cuestionada por hechos de corrupción. (JOSÉ CARMEN MORÁN)
Nuevos hallazgos obligan a anular acuerdo de colaboración
El especialista en contrataciones con el Estado, Alex Starost, señaló que la nueva información revelada en Ecuador respecto a los pagos que habría realizado Odebrecht en el Perú por el Gasoducto del Sur, demostraría que la transnacional omitió entregar información a la Fiscalía, por lo que se debería anular el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa.
“[Odebrecht] se comprometió a informar sobre todos los ilícitos penales, pero cuando se miente y aparecen nuevos delitos, significa que hicieron una falsa declaración, y ese acuerdo deviene en nulo, más si era el único proyecto con cláusula anticorrupción”, enfatizó.
“El acuerdo para las cuatro obras homologadas por la jueza María Álvarez Camacho mantiene su validez (Interoceánica sur, Línea 1 del Metro y corredores viales del Callao y Cusco), y solo puede ser revocado si los procesados brasileños ocultaron ilícitos en más obras en el Perú. Ya los descubrieron, toda su declaración y el acuerdo se debe declarar nulo”, reiteró el abogado penalista.
“El fiscal debe solicitar se revoque la libertad de los procesados brasileños y se ordene la detención efectiva y la incautación de todos los bienes de Odebrecht en el Perú”, añadió.
Fuente Diario Expreso
