Piura. La Procuraduría Ad Hoc en procesos arbitrales informó que el Gobierno Regional de Piura (GRP) viene enfrentando cinco arbitrajes con el Consorcio Obrainsa Astaldi (COA), quien estuvo a cargo de la ejecución del primer componente del proyecto Alto Piura (túnel de trasvase y presa Tronera Sur).
El procurador Segundo Valdez explicó que las pretensiones económicas de la empresa en esos procesos son de 143 millones 402 mil 058.29 soles, donde cuatro de ellos son por concepto de ampliaciones de plazos que fueron denegadas en su oportunidad por la entidad, y el quinto por la resolución del contrato con el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) tras abandono de trabajos en el 2018.
Los procesos arbitrales están considerados en los expedientes n.º 05-2017 con una pretensión económica del COA de S/2’669,534.00, el n.º 021/025-2017 con 13’279,622.65, el n.º 035-2017 por S/10’004,685.52, el n.º 012/022-2018 con S/465,546.68 y el n.º 026-2018 con S/105’982,699.44.
“El consorcio ha presentado sus demandas con pruebas y las pericias, en tanto, el gobierno regional también ha hecho lo mismo”, refirió el procurador ad hoc Segundo Valdez.
Dijo que las peticiones presentadas por Obrainsa Astaldi, en cuanto a las ampliaciones de plazo, son por problemas sociales que no le permitieron avanzar con sus trabajos, falta de suministro de energía eléctrica en el túnel, planos que no coincidían con el terreno y costos desactualizados.
Indicó que estos requerimientos fueron denegados por la institución regional, generando controversias y, por consiguiente, culminaron en arbitrajes que se iniciarán en esta gestión. Reiteró que el quinto arbitraje es por la resolución o anulación del contrato.
Procesos
Los cinco procesos se ventilarán en el Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Piura (Camco). Valdez comentó que en una o dos semanas se iniciará la audiencia con dos de ellos, para lo cual la Procuraduría mantiene reuniones con los funcionarios del Peihap, para optimizar la estrategia de defensa.
“La región cuenta con jóvenes profesionales que están comprometidos en defender los intereses del gobierno regional”, enfatizó el funcionario, quien dijo que el consorcio internacional cuenta con dos bufetes de abogados de nacionalidad italiana y peruana.
El procurador sostuvo que la posición de la entidad regional es realizar la respectiva defensa para que sean declaradas infundadas las pretensiones del Consorcio Obrainsa Astaldi. Advirtió que irán con las armas legales para resguardar los recursos públicos y está convencido de que desarrollarán un buen papel.
Por ese motivo, Segundo Valdez exhortó a los tribunales a mantener el principio de neutralidad e imparcialidad en los procesos arbitrales.
Fuente La República
