Una subsidiaria de la constructora Odebrecht ha demandado al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Arbitrajes (Ciadi), por US$1.200 millones, como indemnización por lo que presuntamente invirtió en el gasoducto sur peruano (GSP). Esto, pese a que la empresa ha aceptado haber realizado pagos ilícitos para adjudicarse el proyecto, según detalló el fiscal Rafael Vela.
Un informe de la contraloría del 2015 ya había encontrado cinco irregularidades en la concesión del gasoducto. De estas, dos están vinculadas a situaciones anómalas que información posterior permite poner en perspectiva. El Comercio revisó el informe y lo contrastó con testimonios de colaboradores eficaces a los que ha tenido acceso previamente.
-Un extraño cambio de porcentajes-
Un hecho crucial para que el gasoducto fuera concesionado al consorcio que inicialmente conformaban la brasileña Odebrecht y la española Enagás –y al que poco tiempo después se sumó Graña y Montero– ocurrió el 26 de junio del 2014. Ese día, el otro consorcio que competía por el proyecto comunicó que uno de sus integrantes, GDF Suez, reducía su participación de 25% a 2%.
Según las bases del concurso, se podía informar de cambios accionariales solo hasta el 20 de ese mes. Por ello, el 27 de junio ProInversión le dio plazo al consorcio competidor hasta el 30 de ese mismo mes para subsanar dicho cambio. Sin embargo, ignorando esa prórroga, luego lo descalificó. Esta última decisión se sustentó en un informe jurídico que el estudio Delmar Ugarte elaboró a pedido de ProInversión.
Según la contraloría, esta descalificación no se ajustó a las bases del concurso. “Las bases prevén la subsanación de las deficiencias generadas por la inoportuna información de modificación de porcentajes de participación de los integrantes del consorcio”, explica su informe. La decisión de descalificación, sin embargo, se dio sin tomar en cuenta el plazo de rectificación inicialmente otorgado.
Además, la contraloría encontró que ProInversión descalificó al consorcio competidor de Odebrecht a pesar de que “las bases del concurso no prevén la transgresión insubsanable atribuida”. Es decir, por más extraña y extemporánea que hubiera sido la modificación accionarial, era obligatorio permitirle subsanarla.
La contraloría destaca que el único defecto insubsanable es “la no presentación de cualquiera de los documentos” necesarios para la concesión, algo que no se relaciona con lo ocurrido. Además, asegura que el trámite que correspondía era que ProInversión solo rechazase el cambio de porcentaje y que el consorcio competidor mantuviera la estructura accionarial previa.
“El informe presentado por el Estudio Delmar Ugarte Abogados a ProInversión considera que la modificación de participación […] constituye una transgresión insubsanable a las bases del concurso; no obstante, dicha consideración es incorrecta”, concluye el informe.
Según el testimonio del colaborador eficaz 03-2019, al que El Comercio tuvo acceso, el 27 de junio por la noche los ministros del entonces presidente Ollanta Humala estaban reunidos por su cumpleaños en la casa de René Cornejo. Al enterarse de lo que había ocurrido con el cambio accionarial, aquellos que estaba involucrados en la concesión del gasoducto “se tuvieron que retirar a reunirse de emergencia”, dijo el colaborador.
Asimismo, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata ha revelado en declaraciones a la fiscalía que el codinome ‘Magali’ corresponde a Miguel Ronceros, encargado del equipo legal del estudio Delmar Ugarte que elaboró el informe jurídico que concluyó con la descalificación del postor competidor.
A ‘Magali’ se le pagó US$450.000. El estudio Delmar Ugarte ha dicho que está dando todas las facilidades a la fiscalía para la investigación del caso.
Además, Barata contó que el codinome ‘French’ corresponde a Johnny Brignardello. Según el exejecutivo de Odebrecht, él coordinaba con el entonces country manager de GDF Suez en el Perú, Manlio Alessi. Esta empresa fue la que realizó el extraño y extemporáneo cambio de porcentajes que terminó con la descalificación.
-Reservas y demanda mal calculadas-
Otra irregularidad encontrada por la contraloría se relaciona con la consultora británica Wood Mackenzie, que fue la asesora de transacción del gasoducto. Como asesora de transacción, estaba encargada –entre otros– de hacer estudios para definir el modelo financiero del proyecto y ayudar a ProInversión en el diseño de las bases del concurso.
Según el colaborador eficaz antes citado, la exprimera dama Nadine Heredia se habría reunido varias veces en Palacio con los representantes de la consultora en el Perú. Además, el colaborador agregó que los ingresos a Palacio habrían sido borrados del libro de visitas de la puerta del Jr. Carabaya.
El Comercio se contactó con las oficinas de Wood Mackenzie en el Reino Unido, pero su personal de prensa indicó que no realizarán comentarios al respecto. Sobre el testimonio del colaborador, el abogado de Heredia, Jefferson Morano, dijo en diciembre que se trata de “un testigo de oídas” y de “un dicho sin corroborar”.
La contraloría, no obstante, encontró que Wood Mackenzie luego proyectó cifras de reserva y demanda de gas que no garantizaban la sostenibilidad del proyecto.
“El consultor consignó valores proyectados de demanda y de reserva de gas natural y líquidos de gas natural en el modelo económico financiero del proyecto, para sustentar la sostenibilidad del mismo en 30 años; sin embargo, dichos valores no están sustentados con estudios u otros informes que garanticen su confiablidad”, dice el informe.
Sobre la demanda de gas, la contraloría dice que Wood Mackenzie “solo indica información proyectada a nivel nacional, precisando que, si bien se identifican a los consumidores iniciales no se adoptan acciones que garanticen la demanda”.
Del otro lado, en las reservas, Wood Mackenzie determinó que se necesitarían 3,4 trillones de pies cúbicos de gas (TFC) para que el proyecto funcione. Sin embargo, según la contraloría gran parte de las reservas citadas por la consultora “ya están comprometidas por los titulares de los contratos de licencia de explotación”.
Por ejemplo, sobre el principal lote que abastecería al gasoducto, el 88, la contraloría dice que “no se detalla cuántos TFC se asignarán al proyecto”, pues su producción ya estaba destinada a uso doméstico. Y sobre el lote 58, que no se tienen datos de reservas probadas, sino solo probables (un nivel mucho menor de certeza), por 2,3 TFC. Asimismo, en el lote 57 solo había 0,6 TFC probados, de 1,9 TFC probables.
Fuente El Comercio
