La constructora brasileña Odebrecht demandó al Estado Peruano ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por $ 1 200 millones, por la cancelación de la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Sin embargo, este caso tiene muchas más cifras detrás de la exigencia de este monto.

El caso se remonta al 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidió el 24 de enero finalizar la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), que Odebrecht integró con la española Enagás y con Graña y Montero.

Por este hecho, Enagás en el 2018 y Graña y Montero en el 2019, interpusieron demandas en contra del Gobierno peruano, solicitando la devolución del dinero que invirtieron para el proyecto ahora suspendido.

Por su parte, Odebrecht solo confesó haber entregado sobornos a personajes de instituciones privadas para favorecerse en el caso del GSP, pero niega haberlo hecho con funcionarios. Este es uno de los principales argumentos para negar haber quebrado la cláusula anticorrupción establecida en el contrato.

Empero, el fiscal Rafa Vela, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, niega la versión y sostiene que sí ha confesado haberse reunido con Ollanta Humala, Nadine Heredia, entre otros entonces ejecutivos encargados de la licitación, lo que demostraría un hecho delictivo que correspondería a colusión.

Cabe mencionar que Odebrecht tenía el 55 % del proyecto; Enagas, el 25 %; y Graña y Montero, el 20 %.

Respuesta del MEF a demanda de Odebrecht

No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la licitación se culminó en términos legales porque el consorcio, integrado por las tres empresas, no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión.

Precisa que el Estado incluso le dio dos prórrogas para que puedan cumplir con la etapa en mención que consiste al financiamiento del costo total que debían tener para implementar el proyecto, la que corresponde a la inversión más el capital del trabajo inicial.

Cifras demandadas contra el Perú

El proyecto del GSP habría tenido un total de valor inversión de $1 980 000 000, de acuerdo a la valoración realizada por una firma de peritos independientes contratada por la española Enagás.

Esta cifra se agregó en julio de 2019, en la demanda que interpuso la compañía Enagás en el 2018 por el mismo argumento que ahora presenta Odebrecht, el retiro de la concesión del proyecto GSP.

De acuerdo a este monto determinado, la constructora española solicitó el monto de 408 millones de euros ante el CIADI, proceso arbitral que hasta ahora está pendiente. Cabe mencionar que esta cifra es a la que refieren como inversión más gastos administrativos.

En diciembre de 2019, Graña y Montero, tercera empresa parte del concesionario también decidió presentar el recurso ante el tribunal en contra del Gobierno peruano, con el que buscaba que se les entregue $ 300 millones. Sin embargo, días después decidió cancelar el proceso.

Odebrecht ahora demandó al Perú por la cifra de $ 1 200 millones, alegando que el monto solicitado es para recuperar la inversión que hicieron al proyecto.

Monto demandado contra Odebrecht

No obstante, el dinero que el Estado peruano exige a la constructora Odebrecht, por ser responsable de varios delitos de corrupción en perjuicio del Estado solo fue de S/ 610 millones, como concepto de reparación civil.

Esta cifra fue pactada por la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato en base a las fórmulas matemáticas de la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.

Cabe mencionar que el monto establecido en el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, se da a pesar de que se calculó que el perjuicio total contra el Estado peruano fue de S/ 3 468 millones.

Odebrecht aceptó responsabilidad

En junio, el portal de investigación Convoca publicó los archivos de la caja 2 de Odebrecht, correspondientes a los registros de pagos por $3 200 000 vinculados al GSP entre el 15 de abril y el 12 de noviembre de 2014. Se identificó se el dinero se dirigió a distintos ‘codinomes’ o apodos. Entre ellos, ‘Disco’, ‘Princesa’, ‘Magali’, ‘French, ‘Magneto’, entre otros.

En diciembre pasado, Jorge Barata declaró al Ministerio Público que se reunió en la oficina de la ex primera dama, Nadine Heredia, en Palacio de Gobierno, y con su esposo, el expresidente Ollanta Humala, exministros y funcionarios de dicho gobierno, para tomar acuerdos en su beneficio por el proyecto del GSP.

Asimismo, el exdirector de Odebrecht en Perú ratificó que la empresa aportó $3 000 000 a la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011, y que fue entregado en el departamento de la pareja en el distrito de Miraflores.

“Las reuniones en Palacio de Gobierno han sido con Nadine, otras con Ollanta. Con la señora Nadine me reuní como cuatro veces, el objetivo de la reunión era actualizar sobre la situación de la empresa. (…) Dentro de estas reuniones, se buscaban minutos para poder hacer quejas y hablar de la situación del gasoducto. (…) Humala no comprendía bien las cosas, a diferencia de Alan García. Nadine Heredia comprendía mejor que Humala”, sostuvo Jorge Barata en el interrogatorio con el Equipo Especial del caso Lava Jato, en diciembre de 2019.

Odebrecht sostiene en la carta dirigida a la Fiscalía que está dispuesta a llegar a un acuerdo si el Gobierno peruano vuelve a licitar la obra del GSP y el nuevo concesionario les devuelve los $ 1 200 millones de su inversión.

Fuente La República

 

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