Mientras que la empresa brasileña Odebrecht pagará como reparación civil la irrisoria suma de 610 millones de soles al Estado peruano por los hechos de corrupción cometidos en nuestro país para ganar licitaciones de diversas obras, la constructora está demandando al Perú por 2,000 millones de dólares en tribunales internacionales, y por otros 2,500 millones de dólares en arbitrajes nacionales.
Así lo advirtió la parlamentaria Karina Beteta (FP), quien señaló a EXPRESO que la firma brasileña demandaría al Perú por la obra de la Central Hidroeléctrica de Chaglla.
“Lo más gracioso que nos va a pasar, es que perdamos esos arbitrajes por la Hidroeléctrica de Chaglla, porque todavía eso está por resolverse, son millones que vamos a perder (…) Todavía no se ha resuelto ese tema, pero es obvio que vamos a perder”, indicó.
Beteta manifestó que este arbitraje presentado por Odebrecht por la Hidroeléctrica de Chaglla, fue planteado por la compañía antes de vender esta obra por 1,400 millones de dólares a un consorcio chino. Es decir, la empresa presentó un recurso contra el Estado antes de realizar esta venta.
“Hay una gran responsabilidad del Ministerio de Justicia, a través del Procurador, ¿cómo han permitido dar una opinión favorable?”, indicó la congresista, responsabilizando al ministerio de Justicia por haber permitido esta venta.
La parlamentaria también criticó que parte del preacuerdo entre la Fiscalía y la Procuraduría con la constructora brasileña incluyera que la mitad del monto por el que fue vendido Chaglla sea para el erario nacional, ya que consideró que es una suma ínfima en comparación a lo que implicaría perder el arbitraje.
“Al final, nosotros vamos a salir debiéndole a la empresa Odebrecht (…) Creo que están pidiendo más de $ 1000 millones [por Chaglla], superior al monto de la deuda”, enfatizó la legisladora, quien integró la Comisión Lava Jato.
La congresista también aseguró que Odebrecht presentó otro arbitraje en contra del Estado, por la Hidroenergética Olmos, así como por la obra de Chavimochic, las cuales fueron investigadas por la Comisión Lava Jato en el Congreso de la República.
Beteta Rubín manifestó que, con estos nuevos arbitrajes, la empresa ya estaría bordeando entre los 2000 y 2500 millones de dólares en contra del Estado peruano, lo cual significará una pérdida total para el país.
“También está Chavimochic, o la Hidroenergética de Olmos (…) De manera general, es por ahí [2000 y 2500 millones de dólares]. Ese es un aproximado”, manifestó.
NUEVOS ARBITRAJES
Por su parte, el parlamentario Víctor García Belaúnde (AP), respaldó lo informado por la fujimorista Karina Beteta, y aseguró que el Estado peruano deberá afrontar varios arbitrajes interpuestos por Odebrecht.
“Es cierto [que Odebrecht presentó denuncias contra el Estado peruano por estas obras]. Hay juicios, y el monto que piden es cerca de 2500 millones de dólares, es un monto de forma general, no puedo recordar ahora el monto de cada obra”, manifestó.
Cabe precisar que además de las obras reveladas por los congresistas, Odebrecht también tiene en proceso una demanda contra el Perú por el Gasoducto Sur Peruano, obra por la cual exige 2,000 millones de dólares, responsabilizando al Estado peruano por haber anulado el contrato.
Se debe detallar que la demanda fue presentada a través de las subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L., las cuales invocaron el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, lugar donde fueron constituidas ambas empresas.
Dentro de esta denuncia, la compañía brasileña alegó una presunta vulneración a las normas entre el inversionista y Estado, como el trato justo y equitativo, de igual protección y seguridad jurídica.
De acuerdo a lo que señala la trasnacional como argumento, el Decreto de Urgencia 003-2017, promulgado por el gobierno peruano, con el cual se establecía que los procuradores debían establecer un monto de reparación civil anticipada, afectó su inversión, y ocasionó una expropiación indirecta a sus ganancias.
Según Odebrecht, cuando iniciaron los problemas y las investigaciones por los hechos de corrupción, sus activos valían 3,000 millones de dólares, no obstante, al no dejársele vender sus activos, estos redujeron su precio y terminaron valiendo mil millones de dólares, motivo por el cual exige que el Estado asuma la diferencia, y pague los 2,000 millones de dólares, según informó en su momento una publicación especializada.
Cabe indicar que el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, establece que el primer paso de la demanda permite que exista un trato directo entre la empresa y el Estado, el cual durará un plazo de seis meses, sin embargo, el Estado anunció que no participará del trato directo.
CÉSAR GUTIÉRREZ DA UNA MIRADA TÉCNICA DEL PROBLEMA
Solo en el arbitraje por Gasoducto pueden ganar US$ 2,700 millones
Hubo crasos errores en los gobiernos de PPK y Martín Vizcarra en favor de Odebrecht.
El caso de los arbitrajes planteadas por la constructora Odebrecht contra el Estado peruano deben llamar a preocupación no solo por los montos o las irresponsabilidades de las autoridades peruanas sino porque convertirán la reparación civil (firmada por la Fiscalía, la Procuraduría los representantes de la constructora carioca) de 610 millones de soles, o unos 183 millones de dólares, en una cifra risible ante la opinión pública y la justicia internacional.
En esa perspectiva, según el experto en temas energéticos, César Gutiérrez Peña, el caso más preocupante es el arbitraje de Enagás presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado peruano para recuperar, según la versión de la firma española, los US$ 511 millones que invirtió en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
“Si tomamos en cuenta que la pretensión de Enagas, que forma parte del consorcio del GSP con Odebrecht y Graña y Montero, prospera a su favor, como es lo más probable, al margen de los 511 millones que correspondería por tener el 25 % de las acciones, si esta cifra se confirma como precedente, podría ser mucho mayor si Odebrecht, que tiene 55 % y Graña y Montero (20 %) hacen lo mismo, se van a arbitraje.
“La suma total que el Estado peruano podría resarcir a los consorciados llegaría a 2,700 millones de dólares, de los cuales le correspondería a Odebrecht el 55 %, es decir 1,485 millones de dólares”, calcula Gutiérrez.
“Las probabilidades de que el Estado peruano pierda el arbitraje son altísimas, pues el DU 001-2017 y la contratación, ese mismo año, de un administrador de bienes de la concesión, el cual ha sido renovado el año pasado por la gestión de Martín Vizcarra, da pie a que [los ejecutivos de Enagas] tengan razón en su demanda”.
“Graves errores de los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra”, advierte el experto.
Es de subrayar que Enagás S.A. y Enagás Intensivas S.L.U. registraron la solicitud para el arbitraje en CIADI el 24 de julio de 2018, y en noviembre del mismo año se designaron los árbitros.
OTROS ARBITRAJES
-El 15 de diciembre de 2018 terminó la fase del trato directo previo al arbitraje internacional de la Concesionaria Trasvase Olmos contra el Estado.
-Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L., en el caso del gasoducto del sur presentaron una demanda exigiendo 2,000 millones de dólares al Perú por la paralización de la obra, no obstante que la recisión del contrato fue motivada porque no lograron el cierre financiero para el proyecto. Las dos sucursales de Odebrecht se amparan en el tratado bilateral de inversión vigente entre Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo. La fase de trato directo terminó el 25 de noviembre de 2017.
-Chavimochic III. Se trata de un arbitraje en proceso según las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI. Ya se designaron árbitros y se constituyó el tribunal arbitral.
EXTITULAR DE LA COMISIÓN LAVA JATO, ROSA MARÍA BARTRA
Demanda contra el Estado se pudo negociar
Asegura que el Procurador pudo incluirlo en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.
La extitular de la Comisión Lava Jato, Rosa María Bartra, lamentó que en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht “no haya nada sobre el desistimiento de la demanda” que interpuso la constructora contra el Estado por el Gaseoducto Sur, donde piden una indemnización de más de dos mil millones de dólares.
“Solamente en el caso del Gaseoducto hay arbitrajes planteados por dos mil millones de dólares ante el Ducado de Luxemburgo y otros 500 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Nos preocupa que en este acuerdo no se contemple un desistimiento de estos actos. Me parece muy malo y negativo para el país”, determinó.
Para Bartra, el Gasoducto Sur es el proyecto más caro que se ha realizado en la historia del Perú y, ahora que es materia de una demanda contra el Estado, el procurador Jorge Ramírez debió negociar ese punto en el convenio de colaboración eficaz.
“Se le está liberando de todas sus responsabilidades con una reparación civil minúscula, cuando el procurador debió insistir que desistan del arbitraje. Se pudo negociar, por eso se llama acuerdo, para que se llegue a un consenso viendo los intereses del país”, aseveró.
También criticó al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por permitir dicho convenio y no supervisar la labor del procurador.
“El ministro tendrá que explicar qué atribuciones se le dio para que negocie en nombre del Perú, un acuerdo como el que hemos conocido”, agregó.
Por último, al ser consultada sobre una posibilidad que está evaluando el congresista Roberto Vieira, de citar al ministro de Justicia a la Comisión de Fiscalización o presentar una moción de interpelación en su contra, Bartra indicó que se podría considerar.
“No hemos conversado sobre ese tema en mi bancada, pero se debe hablar. Es necesario que se aclare muchas dudas alrededor de la participación del Estado, a través del Ministerio de Justicia y la Procuraduría”, concluyó.
ARBITRAJE
Desde el punto de vista técnico, el Director Ejecutivo del Instituto de Economía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda, explicó que todas las empresas pueden recurrir a un arbitraje si consideran que existen objeciones a los contratos.
“Es una medida que puede ser menos costoso y más rápido, en muchos casos, que ir a un proceso por el Poder Judicial. En todos los contratos figura la cláusula del arbitraje para solucionar las diferencias. Ahora, hay diferentes centros de arbitraje en el país, como el de la Universidad Católica o la Cámara de Comercio de Lima”, indicó.
En esa línea, resaltó que los centros de arbitraje tienen mucho prestigio, pues tienen que tener árbitros calificados y expertos que ofrezcan una opinión técnica.
JOSÉ M. CARMEN MORÁN y JUAN C. ANGELES
Fuente Diario Expreso
