En lo que va del año, la Contraloría General ha realizado más de 20,000 servicios de control gubernamental para prevenir, detectar y sancionar la inconducta funcional y la corrupción en la administración pública.
El 95% de los servicios de control realizados en las entidades públicas corresponden a acciones simultáneas que permiten alertar oportunamente a los gestores públicos sobre los hechos que podrían afectar una adecuada ejecución de una obra o la prestación de un servicio público, a fin de que adopten las medidas correctivas de inmediato.
De esta forma, el Sistema Nacional de Control procura evitar que se produzcan irregularidades, negligencias o ineficiencias en el gasto público; además de generar un importante ahorro al Estado porque impide que se consume el perjuicio económico.
Asimismo, se han ejecutado 1,892 servicios de control posterior (auditorías) y se han emitido 95 informes de control previo, que son efectuados únicamente por la Contraloría General.
Con el objetivo de ampliar la cobertura de control, se utiliza la tecnología para efectuar análisis masivo de información de bases de datos de entidades públicas claves para la supervisión y la fiscalización.
Transformación digital
Por primera vez, se han realizado operativos en línea que han permitido identificar, por ejemplo, 1,176 proyectos de inversión pública con “cero ejecución” al 31 de octubre del 2019. Cada uno de estos proyectos tiene un presupuesto asignado mayor al millón de soles y, juntos, superan los 4,264 millones de soles.
Los titulares de las entidades que tienen proyectos con nula ejecución deberán informar a los Órganos de Control Institucional (OCI) sobre las medidas correctivas.
Los operativos en línea están contribuyendo a ampliar la cobertura del control, haciéndolo más proactivo y oportuno. Apoyados en la interoperabilidad de los sistemas administrativos del Estado, la Contraloría General proyecta llegar a todas las entidades públicas, incluidas las municipalidades distritales.
En la última década, nunca se había hecho una auditoría en 1,206 de los 1,678 distritos existentes. Ahora, el órgano de control está interviniendo en estas municipalidades, y la meta es estar presente por lo menos una vez al año en todos los distritos del Perú.
Durante la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII 2019), la Contraloría informó que concluirá este año la absorción de los OCI de los gobiernos regionales, gobiernos provinciales y gobiernos distritales de Lima y Callao, así como de las 60 municipalidades distritales con mayor presupuesto a escala nacional.
En el cierre del Bicentenario de la Independencia del Perú, todas las OCI poseerán mayor autonomía e independencia para el ejercicio del control gubernamental, según lo señalado por el órgano contralor.
Un rol protagónico
Los titulares de las entidades públicas tienen la obligación legal de aplicar sus controles internos para gestionar los riesgos de corrupción existentes en toda organización.
El plazo para que las entidades públicas ejecuten gradualmente el Sistema de Control Interno vencerá el 30 de junio del 2020. A noviembre del 2019, más del 70% (2,161) de entidades de las 3,084 obligadas, habían cumplido o estaban en proceso de presentar su diagnóstico de cultura organizacional. Aquellos que no han cumplido están siendo notificados para que regularicen su situación.
Contar con un adecuado Sistema de Control Interno equivale a tener un sistema de inmunidad contra la corrupción. De allí la importancia que los titulares de las entidades demuestren que poseen voluntad política para luchar contra este flagelo.
El Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que hoy se conmemora, nos da la valiosa oportunidad de reflexionar sobre lo que podemos hacer, como ciudadanos, para sumarnos a la prevención y lucha contra este flagelo.
Las estadísticas
Aunque se estima que son casi 17,000 millones de soles que se pierden anualmente por la corrupción, no existe una metodología estandarizada para calcular el impacto que tiene a nivel patrimonial y extrapatrimonial este problema social.
Por ese motivo, la Contraloría General anunció que en el 2020 se creará una metodología para tener un cálculo más exacto, con apoyo de expertos.
JOSÉ MARÍA GIMENO FELIÚ. Catedrático de Derecho DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Entrevista. Especialista español sostiene que evita que se produzcan actos de corrupción y la eficiencia de las contrataciones aumenta..
–¿A cuánto ascienden las pérdidas por corrupción en la Comunidad Europea?
–Equivalen al 1% del producto bruto interno (PBI), esto es, 120,000 millones de dólares anuales (al 2014), lo que significa que si bien hay un gran control de la corrupción, todavía existen aspectos por mejorar.
–¿En qué sectores se concentra la corrupción?
–En la contratación pública debido a los montos de inversión. Y esa corrupción se debe a la falta de transparencia, procedimientos que favorecen la opacidad o la adjudicación directa en las empresas y también a la ausencia de un control efectivo en la fase preparatoria y posejecución del contrato.
–¿Qué hicieron frente a esto?
–Se modificó el marco regulatorio de la contratación pública para establecer soluciones jurídicas, integradas también con medios electrónicos y análisis económicos para intentar solucionar los graves problemas detectados. La tecnología se usa para generar más transparencia, reducir la corrupción e identificar concentraciones de contratos en una empresa o fragmentaciones de contratos, entre otros.
–¿Qué tan relevante es el control preventivo?
–Un informe de la Comunidad Europea cuantificó que la eficiencia del proceso de las contrataciones aumenta en 10% y la corrupción disminuye prácticamente a la mitad con el control preventivo. Es el futuro del control.
Fuente El Peruano
