La Contraloría General de la República informó este martes 26 que el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Cultura inició un servicio de control por la presunta irregularidad en la contratación del cantante ‘Richard Swing’ para actividades motivacionales.
A través de un oficio, la integrante de la referida oficina, Verónica Dávila Flores, informa a la ministra de Cultura, Sonia Guillén, sobre la investigación y le pide que facilite el trabajo que realizarán la supervisora y jefa de la Comisión de Control, Betty Calderón Dominguez y María Ortiz Chávez, respectivamente.
“Se ha dispuesto la investigación de presuntas irregularidades en la contratación efectuadas a personas naturales o jurídicas para ejecución de actividades motivacionales y otros servicios para el Ministerio de Cultura”, se lee en el documento.
Documento de la OCI.
Este martes, La República informó que el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lina Centro, a cargo de Janny Sánchez Porturas, investiga la contratación del cantante, quien fue contratado por esta cartera por un pago de 30.000 soles bajo el concepto de “actividades motivacionales” a fin de “mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores”.
Según se conoció, la OSCE registró que ‘Richard Swing’ recibió 175.400 soles de Cultura por diversos servicios desde julio del 2018.
El último lunes 25, consultado por el artista, el presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que el mencionado contrato quedó sin efecto. También señaló que conoció al cantante durante la campaña electoral del 2016 del partido Peruanos por el Kambio.
Recientemente, en declaraciones para La República, Guillén indicó que este caso la avergüenza y reconoció que ella es la responsable política de los cuestionamientos.
“Por eso mi cargo está a disposición. Todo este tipo de problemas del cual soy responsable políticamente, no administrativamente, nos ponen en la situación de cómo reaccionar frente a la indignación de la comunidad. Una indignación que una misma siente. De cómo un contrato con estas características… tan inoportuno y que tiene que ser investigado”, expresó.
Fuente La República
