El consejero delegado regional, Óscar Echegaray, señala que el Ministerio Público debería abrir una nueva carpeta fiscal para incluir a los implicados en las irregularidades del Peihap, en el caso Lava Jato.
¿Qué opina de lo que viene ocurriendo en el Peihap?
Es lo más lamentable que ha ocurrido desde que se inició el proyecto, creo que la incapacidad del gobernador regional, con sus funcionarios, han hecho que el proyecto nuevamente agonice. Es una estafa al pueblo, la obra que ha ejecutado el gobierno en los últimos diez años es la gran estafa que le han hecho a los piuranos.
¿Se pudo prever esto?
Claro. Primero, en el 2015 me opuse a que lo licitara la Unops, ha habido corrupción en otras regiones y en el mismo proyecto Olmos, la Unops siempre ha jugado intereses ajenos al objetivo de los proyectos. Cuando el Consorcio Obranisa Astaldi (COA) ganó, me extrañó que pasaran seis meses y no iniciara la obra. Alegaban que por el tema de las lluvias del 2016. Se hizo un trabajo con la veeduría y la prensa, y ahí fue cuando descubrimos que el COA no iniciaba los trabajos por el tema de la línea de transmisión. Fue cuando el COA pidió el primer adicional de 24 millones, lo cual era una cosa absurda, aprovechadora y a todas luces con una corrupción encubierta.
¿Qué debió ocurrir?
Desde ahí el gobernador debió pararse fuerte y exigirle a la supervisión de la obra velar por los intereses de la entidad, pero nunca nadie ha tocado a la supervisión. Se le paga por contrato 33 millones de soles, una cifra astronómica. El supervisor de obra ha jugado un papel encubierto, parece que se ha coludido con la empresa y los funcionarios para hacer que esto empiece a agonizar.
¿Se hubiera evitado este problema?
Creo que desde ese momento el COA, o se enderezaba, o simplemente se le resolvía el contrato, y estaríamos a tiempo de no haber perdido tantos millones en valorizaciones, en dos adicionales que le han dado, en dos arbitrajes en camino, y ahora con las cartas fianza que las han embargado.
¿A quién responsabiliza?
Al que responsabilizo es al directorio, porque ha jugado un papel de títere. También responsabilizo al Frente de Defensa liderado por monseñor (Turley), porque ha jugado un papel de encubridor de lo irregular, porque siempre que ocurría algo malo, siempre a lo que uno cuestionaba, se oponía. Y el señor Marco Vargas ha mostrado una actitud despótica ante el Consejo Regional, siempre avalado por los consejeros del oficialismo, ha justificado todo, ha manejado políticamente, para nada técnicamente.
¿Se debió resolver el contrato?
Después de los 10 días de haber paralizado la obra, se debió mandar la carta notarial y resolver, no obstante, pasó el plazo legal, tuvieron una reunión, siguieron dilatando, creo que ya sabían que el COA iba a presentar la acción judicial, prácticamente a los piuranos nos han vendido gato por liebre con sus justificaciones que son falsas (…) No creo que existiendo tantos abogados especialistas en contrataciones con buenos sueldos, no hayan podido prever que el contratista recurra al Poder Judicial con algún recurso para cautelar sus intereses. Presumo que ha sido doloso, planificado, para darle todas las facilidades al COA.
¿Qué puede pasar más adelante?
Que el Gobierno Nacional nos cierre el proyecto, cosa que no deberíamos permitirlo.
¿Qué harán como Consejo Regional?
Debería formar una Comisión Investigadora integrada por los consejeros de la oposición, para que antes que culmine el año, presentar un dictamen que determine responsabilidades. Darle al Fiscal de la Nación para que disponga se abra una nueva carpeta fiscal y sea incluida en el caso “Lava Jato”, y también se le presente al Congreso y al Ejecutivo.
Fuente Diario Correo
