Christian Cabrera Gil y Héctor Marín Inga Huamán, miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado que vienen del gobierno de Ollanta Humala, firmaron un documento para sancionar al juez supremo Javier Arévalo Vela, por haber cobrado 600 soles a cambio de dictar unos cursos.
Junto a Carlos Quiroga Periche, los de OSCE señalan que el magistrado no debió contratar con la Academia de la Magistratura, a través de órdenes de servicio.
La Ley de la Carrera Judicial señala que los jueces solo pueden dictar ocho horas de clases en un horario distinto al del despacho judicial:
“Solo he realizado docencia, que me es permitida por el artículo 146 de la Constitución Política del Perú; en tal sentido, hay una interpretación errónea por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado para el caso de la docencia en instituciones académicas públicas”, sostuvo Arévalo.
El hecho cuestionado fue el “Servicio de capacitación en general – contratación de docente /V- 01 CAT. “A” para el dictado de conferencia: “Responsabilidad civil por riesgo del trabajo en Lima”, por el monto de S/ 660. Los de OSCE decidieron inhabilitarlo por tres meses en contratar con el Estado.
Cabe indicar que el fundamento del vocal Cabrera Gil es que la Academia de la Magistratura no se considera como una universidad, ni tampoco se encuentra bajo los alcances de la Ley Universitaria. Se supo que el magistrado supremo apelaría.
Fuente Diario Expreso
