El pasado 06 de octubre último, se desarrolló la audiencia virtual de control de acusación realizada en el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en delito de Corrupción de Funcionarios, contra la ex autoridad regional, Wilfredo Oscorima Núñez y exfuncionarios del Gobierno Regional, acusados por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo.
En dicha audiencia, la representante del Ministerio Público, presentó cinco importantes hechos irregulares en la gestión de la exautoridad regional y a sus funcionarios de confianza.
La primera presunta irregularidad data del año 2012, cuando el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) decide firmar un convenio marco con el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM).
Según las investigaciones, el GRA firmó un convenio marco con la OIM, para el proyecto: “Asistencia Técnica y Administrativa para la implementación de Reparaciones Colectivas en Salud y Recuperación de la Infraestructura Productiva en Ayacucho”. Sin embargo, la ex autoridad regional, habría mostrado un interés indebido para la suscripción del convenio, donde incluyó 11 proyectos. Es decir 8 proyectos no contaron con la aprobación del Consejo Regional.
Por ese servicio, la OIM cobró la suma de 14 millones de soles. La representante del Ministerio Público, sostiene que Wilfredo Oscorima, en una adenda ordenó la incorporación de 30 proyectos a convocarse, sin justificación técnica ni legal alguno.
El otro caso, se trata de la suscripción del convenio con la OIM, para la elaboración del expediente técnico, ejecución y supervisión de la obra: “Mejoramiento de la prestación de los servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria y alternativo de la I.E. San Ramón.
Para la Fiscalía Anticorrupción, no solo observaría una serie de presuntas irregularidades en este proceso, sino que, además, existen otros factores como una adenda, donde se señala que la OIM devolvería al GRA en calidad de cooperación técnica interinstitucional no reembolsable en un 85%. No obstante, sospechosamente se rebajó a 65% del monto de pago de estos servicios.
Otras observaciones s están referidas a la contratación y otorgamiento de conformidad de servicio de un grupo de especialistas que habrían elaborado el expediente técnico de la obra de la Institución Educativa San Ramón; la aprobación irregular del expediente técnico y la sospechosa elevación de los costos para la supervisión de la obra millonaria de infraestructura educativa.
Fuente La Jornada
