La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, denunció constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra junto a Pilar Mazzetti, quien fue su ministra de Salud durante la pandemia de la COVID-19. El Ministerio Público los sindica como posibles autores del delito contra la Administración pública en la modalidad de concusión por el Vacunagate.
En 2020, cuando el primer lote de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 todavía no había llegado al país, altos funcionarios del Estado habrían decidido inocularse; de este modo, se beneficiaron en tiempos de muertes diarias y hospitales rebasados.
En esos años, el Ejecutivo priorizó la compra de cápsulas de la china Sinopharm para proteger a la población mayor que padecía comorbilidades. Los peruanos fueron confinados en un estado de emergencia y obligados a portar mascarilla al salir a la calle. En suma, la rutina cambió y fue autodeclarada como «nueva normalidad».
Frente a ello, este laboratorio envió 3.200 dosis al Perú para la tercera etapa del ensayo clínico. Aproximadamente, 2.000 terminaron en las universidades Cayetano y San Marcos, entidades que requirieron, al instante, a 12.000 civiles voluntarios.
Además de los trabajadores, 101 perfiles fueron consignados como ‘relacionados’ por las casas de estudios. Entre los nombres, el presidente de la comisión indagadora del Minsa para el caso, Fernando Carbone, encontró a Martín Vizcarra, su esposa y hermano. Del mismo modo, también fue incongruente la presencia de Pilar Mazzetti, entonces titular de Salud, y la canciller Elizabeth Astete.
Posteriores investigaciones —como la de Salud con Lupa— revelaron que la cara visible de Perú Primero fue uno de los 470 perfiles vacunados en secreto, en supuesta complicidad con diferentes instancias del poder.
Vizcarra Cornejo fue inoculado en Palacio de Gobierno por el ahora congresista George Edward Málaga Trillo en octubre del 2020. Por su parte, Mazzetti lo hizo en su domicilio junto a dos extrabajadores suyos.
Fuente La República
