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Pedro Castillo: Contraloría recomienda denunciar a exfuncionarios tras contratos irregulares por S/108.800

Pedro Castillo: Contraloría recomienda denunciar a exfuncionarios tras contratos irregulares por S/108.800

La Contraloría General de la República recomendó denunciar a cuatro exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo, por la contratación y pago irregular de servicios no solicitados y, en un caso, con documentación falsa.

Se trata de Ysmael Rafael Mayuri Quispe (ex subsecretario general), Beder Ramón Camacho Gadea (ex subsecretario general), Herbert Henry Rodríguez Ariza (director del Área de Abastecimiento) y Carlos Hugo Muga Melgarejo (técnico administrativo en contrataciones) para quienes se requirió al Despacho Presidencial iniciar las acciones penales correspondiente.

Los hechos se registraron entre el 2021 y el 2022 y representaron un desembolso de S/108.800 del erario del Estado. Los contratos eran para brindar servicios fotográficos, asistencia en redacción y revisión de contenidos de redes sociales, así como registro y edición de material gráfico y otras labores de comunicación de las actividades de Pedro Castillo.

Según el Informe de Control Específico 006-2022-2-0276-SCE -emitido el 23 de enero- el caso se vincula a la contratación de Franco Alexander Pomalaya Neyra para que realice los servicios de redacción y revisión de contenidos de redes sociales y comunicaciones y de José Luis Cristóbal Quispe para el registro y edición de material fotográfico.

Según la Contraloría, Mayuri Quispe y Camacho Gadea requirieron los servicios fotográficos, asistencia técnica para actividades presidenciales, revisión de redes sociales y redacción, porque “no contaban” con dicho personal y eran de carácter “urgente” para cubrir las actividades del entonces presidente e informar a la ciudadanía.

Por el pedido de Mayuri se crearon dos órdenes de servicio que cubrieron los meses de agosto a diciembre del 2021. Mientras que con Camacho se expidieron otras dos órdenes de servicios para los meses de enero a marzo del 2022.

Lo anterior demostraría que durante el gobierno de Castillo, las notas de prensa o información que se daba como entidad pública no estaba a cargo de la oficina destinada y creada para ello (en este caso el área de prensa); sino por los que eran asesores directos o mano derecha de Castillo.

Y así lo entendió la Contraloría pues determinó que los requerimientos de ambos exfuncionarios no estaban orientados a cubrir las necesidades propias de la Subsecretaría General de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.

“De conformidad con los artículo 18 y 19 del ROF del Despacho Presidencial, la Subsecretaría General es el órgano responsable de la conducción, coordinación y supervisión de la gestión de los sistemas administrativos, así como de los órganos de administración interna del Despacho Presidencial”, recordó el entre fiscalizador.

Además, precisó que las actividades de comunicación estratégico, imagen institucional y prensa del ámbito interno y externo del Despacho Presidencial, correspondían a la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa.

“Durante los periodos 2021 y 20222, la Subsecretaría General requirió la contratación de los servicios de asistencia para redacción y revisión de contenidos de redes y aistencia técnica en comunicaciones, procediéndose a la contratación del proveedor Franco Alexander Pomalaya Neyra, pese a no tener necesidades relacionadas con la funciones de Comunicación Estratégica y Prensa, lo cual estaba a cargo de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa”, se indica.

Fuente El Comercio

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