Los directivos del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) fueron notificados sobre la medida cautelar obtenida por el consorcio Obrainsa Astaldi pero decidieron iniciar la intervención económica, según declararon los consejeros Hermer Alzamora y Oscar Echegaray ante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, que investiga las irregularidades en la obra por un plazo de 120 días.
SESIÓN. Los consejeros regionales Hermer Alzamora y Oscar Echegaray, que integran la comisión investigadora del Consejo Regional sobre el Alto Piura, se presentaron en la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por el congresista fujimorista Luis López Vilela.
A dicha comisión le fueron dadas atribuciones de comisión investigadora para que investigue los actos de corrupción ocurridos en el Proyecto Alto Piura, desde sus inicios a la actualidad, lo cual fue recomendado por la comisión Lava Jato en su informe final.
RESOLUCIÓN. Al ser consultado, Hermer Alzamora señaló que como comisión que investiga las irregularidades en la resolución del contrato por parte del Alto Piura con la empresa Obrainsa Astaldi, se ha detectado varios indicios de corrupción.
Una de las situaciones detectatadas por la comisión es que luego de que el consorcio abandonara el proyecto, el 4 de septiembre, solicita la medida cautelar ante 13° Juzgado Civil Subespecial Comercial de la Corte Superior de Lima.
El Juzgado declara fundado dicho pedido, por lo que el 10 de septiembre se notifica a los funcionarios del Peihap sobre dicha medida. A su vez, el Peihap responde enviando un escrito de oposición al Juzgado Civil, que aún no ha sido resuelto.
“El Peihap emite una resolución gerencial de intervención económica el 15 de septiembre, cuando ellos ya conocían sobre la medida cautelar impuesta por el juzgado, lo que debieron hacer es resolver el contrato”, declaró el consejero Echagaray Albán.
Por su parte, Hermer Alzamora Román señaló ante los miembros de la comisión que el exgerente de Asesoría Jurídica del Peihap, Carlos Montero Sarango, recomendaba que se resuelva el contrato desde mayo de este año, debido al excesivo retraso que presentaba la ejecución del primer componente.
Pese a ello, los funcionarios y directorio continuaron con el proyecto, lo que trajo como consecuencia que el consorcio ganara una medida cautelar que impide que el ente cobre los 70 millones de garantía.
Además, precisó que tras el abandono de la obra el 9 de agosto, Montero Sarango emite tres informes en los que recomienda la resolución del contrato.
Por último, el exgerente de asesoría jurídica se niega a visar la resolución gerencial de la intervención económica.
Mientras que Echegaray señala que debido a la oposición del exgerente de asesoría jurídica, el gerente general del Peihap dispone de oficio la intervención económica.
“Marco Vargas quiso darle tiempo para que la empresa contratista solicite la medida cautelar y que esta gestión no sea la que penalice por los días paralizados”, dijo Echegaray.
RETRASO. Asimismo, mencionaron que cuentan con los informes entregados por la empresa Consorcio Supervisor Hidráulico, que fue contratado por 35 millones de soles, la cual informó al Proyecto Alto Piura sobre los retrasos en la ejecución de la obra por parte del consorcio mes a mes.
Según la comisión investigadora, desde abril del 2016 a marzo del 2017, se tenía programado un avance físico de 17.41% pero solo se avanzó 6.26%, mientras que desde abril del 2017 a julio del 2018 se preveía un avance de 26.22% pero se ejecutó el 13.95%.
“Hasta la fecha hay un retraso acumulado de 56.40% por parte de Obrainsa Astaldi desde que firma el contrato hasta el 2018, lo que preocupa es que la ley establece que cuando hay un retraso se tiene que aplicar una penalidad pero no se hizo”, indicó Echegaray.
Explicó que el Peihap, a pesar de que la empresa estaba atrasada en dos años, se aprueba los calendarios de ejecución y se pagan 74 millones de soles por valorizaciones.
El consejero Echegaray responsabilizó al gerente del Peihap, Marco Tulio Vargas, por los presuntos indicios de corrupción y al gobernador regional, Reynaldo Hilck Guzmán.
“Hubo un contubernio entre los funcionarios del Alto Piura, la supervisión de obras y la contratista para darle todas las facilidades a la empresa para que vaya al juzgado civil y cautele la carta fianza, que era la única garantía que se tenía”, manifestó.
Los consejeros regionales de la comisión investigadora solicitaron a la Comisión de Fiscalización se levante el secreto de las comunicaciones de los funcionarios del Peihap y del gobernador regional, Reynaldo Hilbck, así como su secreto bancario.
El presidente de la comisión de Fiscalización, Luis López, indicó que serán citados el próximo miércoles, el gerente Marco Vargas y otros funcionarios.
En otro aspecto, el congresista Hernando Cevallos Flores, quien también integra dicha comisión, espera que la investigación se realice de modo imparcial y que los fujimoristas no insistan en blindar a Alán García.
Señaló que a fines de febrero se estaría emitiendo un dictamen sobre los actos de corrupción cometidos en el Proyecto Alto Piura y se determinaría quiénes serían los funcionarios responsables.
Fuente Diario Correo
