Un perjuicio económico superior al medio millón de soles fue detectado en el Gobierno Regional de Tumbes (GRT), tras una auditoría elaborada por la Contraloría.
Del mismo modo se ha concluido una responsabilidad penal (en tres casos) y administrativa contra doce exfuncionarios de la gestión del gobernador Ricardo Flores Dioses.
El informe de auditoría N° 007-2018-2-5353 al que Correo tuvo acceso da detalles sobre las irregularidades cometidas en un expediente técnico y ejecución de un contrato que consistía en la adquisición de mobiliario escolar para los colegios de Tumbes.
Sobre este tema el gobernador ha manifestado no tener conocimiento, pese a que el órgano de control le envió el 30 de octubre de este año una copia del informe para que tomará en cuenta las recomendaciones formuladas.
“Los funcionarios que estén involucrados deberán ser sancionados, como corresponde cuando se detecta algo”, atinó a decir la autoridad regional.
CONTRATO. Fueron los representantes del Consorcio Inmobiliario Tumbes quienes celebraron con el GRT el contrato de adquisición de bienes N° 002-2017/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, por un monto de S/4´991,083.68, el cual establecía un plazo de ejecución de 120 días calendario.
La Contraloría ha advertido que “el contrato adolece de deficiencias e incompatibilidades, así como falta de información relevante”.
Uno de los hechos más llamativo es que en ninguna de las 20 páginas del contrato se hace referencia a la garantía comercial del contratista, frente a incumplimientos o deficiencias de los bienes.
“Al respecto, de la revisión selectiva a la propuesta presentada por el Consorcio Inmobiliario Tumbes, se determinó que se había ofrecido 20 meses de garantía, no obstante, esta no se ha considerado en el contrato”, se lee en el informe.
GRAVE. Durante la investigación se determinó que existió paralización sin sustento y ampliación de plazo consentida por la entidad regional, hechos que evitaron la aplicación de una penalidad por mora al Consorcio Inmobiliario Tumbes.
El Gobierno Regional de Tumbes también dio conformidad por el íntegro de prestaciones a pesar que habían sido ejecutadas parcialmente. Esto conllevó a que se realizaran pagos sin reunir la documentación mínima requerida.
Del mismo modo, se evidenciaron deficiencias en la fabricación del mobiliario, y el deterioro prematuro de los bienes.
“Tales hechos han ocasionado un perjuicio económico a la entidad de S/ 569,028.97“, se lee en el informe de auditoria que consta de más de cien folios.
De ese total, S/ 465,834.47 corresponden a la penalidad que se evitó aplicar, S/ 63,921.19 por el traslado no efectuado íntegramente y S/39,273.31 por madera que no fue colocada en el tablero posterior de los estantes, así como el deterioro prematuro de los materiales.
DISTRIBUCIÓN. El traslado del mobiliario escolar fue realizado por personal no acreditado para ello, del mismo modo el material se encontraba almacenado de forma inadecuada en ambientes que no brindaban garantías.
Asimismo, las actas firmadas por funcionarios poseían una fecha posterior a la entrega.
RESPONSABLES. La Contraloría ha hallado responsabilidad penal y administrativa contra los exfuncionarios Miguel Guillén Gallegos, exgerente regional de infraestructura; Miguel Flores Muro, quien se desempeñó como inspector y Alessandro Urbina Ramírez, exsubgerente de obras.
Junto a ellos, nueve personas más que ocuparon cargos en la entidad regional poseen responsabilidad administrativa, según el informe de auditoría.
Fuente Diario Correo
