Durante la mesa de diálogo establecida por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el jefe de la oficina defensorial de Piura, César Orrego, manifestó que los recursos para acciones de contingencia para las cerca de 30 escuelas que están en proceso de reconstrucción no han sido ejecutados, lo que impacta negativamente en la educación de cientos de estudiantes.
Durante su exposición, el funcionario detalló que en un primer momento la Dirección Regional de Educación Piura (DREP) dispuso que los escolares pertenecientes a instituciones educativas que están en rehabilitación o reconstrucción mantengan las clases a distancia pese a que existía un presupuesto dispuesto para que los estudiantes logren retornar a la presencialidad.
“La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios nos informó que sí tenían un presupuesto establecido para contingencias; sin embargo, en una reunión con la DREP esta habría dispuesto que no se utilice este dinero y se encamine a hacer más obras”, explicó Orrego.
Cabe señalar que el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura advirtió que la DREP retrocedió en su disposición de clases a distancia, e indicó que las Ugel deben gestionar convenios que posibiliten el préstamo de locales para garantizar el retorno a clases presenciales.
No obstante, César Orrego apuntó que se debe investigar por qué no se activaron (y se hicieron presupuesto) los planes de contingencia para que los menores puedan retornar a los salones.
Investigación
Por otro lado, el funcionario comentó que los despachos de las fiscalías de Prevención del Delito de Piura y Sechura han dispuesto el inicio de investigaciones preventivas por el retraso en la distribución de material escolar. Asimismo, la Fiscalía de Catacaos ha derivado el caso al área especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Como se recuerda, la Contraloría General refirió que el proceso de selección para el traslado de 275 toneladas de material educativo para 1.537 instituciones educativas públicas en Piura tuvo retrasos y no se hizo conforme al marco legal.
Luego de ello, el último 11 de abril la Defensoría del Pueblo comunicó que se inició con la distribución del material luego de que fuera anulado el anterior proceso de contratación por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y se realizara una adjudicación directa.
Fuente La República
