Con la finalidad de sancionar a los responsables, los docentes y los padres de familia del colegio en Piura pidieron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción una investigación exhaustiva contra los funcionarios y el alcalde distrital Fernando Ipanaqué Mendoza debido a supuestos actos de corrupción advertidos en la licitación de la obra “Rehabilitación de la infraestructura de la Institución Educativa La Unión”.
Además, los denunciantes, quienes protestaron en las calles del distrito del Bajo Piura, exigieron que esta pesquisa incluya al representante del Consorcio Naranjo, Henry Zeta Córdova; al gerente de Desarrollo e infraestructura, Raúl Pulini Aguilar; al subgerente de Abastecimiento, Iván Jiménez Tusse; y a los miembros del Comité de Licitación de la adjudicación del proyecto.
A su vez, pidieron que se considere en esta fiscalización a los funcionarios que otorgaron conformidad a los pagos realizados por elaboración del expediente.
Según los docentes y padres de familia, el proceso de licitación carecía de transparencia, ya que, a pesar de que intentaron obtener copias del expediente técnico y de la información relacionada a la licitación de dicha obra, el alcalde no ha respondido dicho pedido. Ellos señalaron que el consorcio encargado no habría hecho los estudios correspondientes.
OSCE, organismo supervisor de las contrataciones del Estado, emitió el informe N.º D000773-2021-OSCE-SPRI, donde recomendó declarar la nulidad del trámite “por vulnerar las bases estandarizadas de los procesos bajo la normativa de Reconstrucción con Cambios” al consignar requisitos excesivos.
Entre las observaciones hechas destacó que, en las bases del concurso, la comuna distrital requirió presentar una carta de compromiso firmada y legalizada de los profesionales propuestos, una declaración jurada de propiedad o compromiso de alquiler para el equipamiento y distintas certificaciones ISO para garantizar la calidad de los productos y servicios de las empresas.
Al respecto, OSCE señaló que no se puede solicitar documentación adicional a las establecidas en las bases estándar, es decir, la comuna requirió más de la necesaria.
Fuente La República
