Para responder por graves delitos, un total de tres exalcaldes desfilarán por el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios.
Al caso ya conocido del exalcalde del distrito Veintiséis de Octubre, se les sumarán los exalcaldes de Paita, Alejandro Torres Vega y de La Unión, Vicente Seminario Silva.
A la exautoridad de la ciudad portuaria se le imputa el presunto delito de incumplimiento de deberes funcionales junto a exgerente de Desarrollo Urbano.
En el caso, del exalcalde Vicente Seminario, el panorama se complica porque se le acusa de colusión agravada y por ello la fiscalía ha pedido 19 años de prisión.
Se le cuestiona su participación en la contratación del Consorcio San Luis para terminar la obra del sistema de agua y alcantarillado.
En el caso de Práxedes Llacsahuanga, el juicio oral se suspendió la semana pasada por falta de un grupo de imputados.
A Llacsahuanga se le implica en el delito de colusión simple debido a la irregular compra de compactadoras de limpieza.
Con excepción de Llacsahuanga, el resto de expedientes aguarda fecha de inicio del juicio oral en el Séptimo Juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios.
Según el titular de este despacho, Ronald Soto Cortéz, en total son un aproximado de 12 casos con fecha próxima a iniciar.
En otros cinco casos, ya se inició esta etapa con la participación de fiscales y abogados de la defensa.
Soto agrega que los delitos de mayor incidencia son el peculado y el cohecho (pago de sobornos).
“Se repite el peculado en casos de algunos profesores que recibieron dinero para mantenimiento de colegios, pero se aprovechan de eso y lo incorporan a su patrimonio”, expuso.
No son 63 casos
Sobre los 63 casos pendientes de juicio que expuso la titular del Ministerio Público de Piura, Sofía Milla, el juez hizo precisiones.
En dos casos ya se declaró a los imputados como reo contumaz, porque no acudieron a las audiencias y se notificó a fiscalía.
“En el oficio remitido por la doctora Milla, también habían expedientes con sentencia, otros estaban en juicio oral o con fecha señalada”, expuso Soto quien recomendó una mayor coordinación en fiscalía.
Tras el oficio de Milla, se dio cuenta a la Odecma por la presunta inacción. Sin embargo, este órgano concluyó que no había razón para investigar.
Prófugos
De otro lado, el juez Ronald Soto informó que de enero hasta mayo se dictó sentencias con prisión efectiva para 14 personas.
Sin embargo, de este grupo, solo una persona cumple su condena en el penal.
Se trata de Pablo Enrique Rivera Jorge, exfuncionario del SAT Piura que recibió cinco años y dos meses de prisión efectiva por negociación incompatible.
Fuente El Tiempo
