El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski con reclusión en un penal. Ello en el marco de la investigación preparatoria por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht.
A la salida de la audiencia, su defensa, el abogado César Nakazaki, expresó que su cliente irá «donde todos los expresidentes son recluidos», es decir, el penal de Barbadillo en la Diroes.
Ahí, Kuczynski estará donde también fue recluido el exmandatario Ollanta Humala durante nueve meses, y donde actualmente Alberto Fujimori, a quien le concedió el indulto humanitario el pasado 24 de diciembre en 2017, cumple su condena de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.
Indulto cuestionado
Una semana antes de que Pedro Pablo Kuczynski otorgara el indulto humanitario a Fujimori, condenado en 2009 por delitos de lesa humanidad, 10 congresistas liderados por Kenji Fujimori, que ahora forman parte de la bancada ‘Cambio21’. evitaron que PPK sea vacado de la presidencia. Muchos pensaron que detrás había un pacto para indultar al autócrata, pero el Gobierno, por medio de Mercedes Aráoz, lo negó rotundamente.
«El señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable», informó la Presidencia de la República en un comunicado. Añadió que «las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad».
Sin embargo, una semana después, la noche del 24 de diciembre de 2017, PPK decidió otorgarle el perdón al padre de Kenji Fujimori. Mientras políticos y seguidores fujimoristas celebraban la decisión en las redes sociales y afuera de la clínica Centenario donde estaba su líder, miles de personas se congregaron en la plaza San Martín protestando contra esta decisión.
Deudos de Barrios Altos y La Cantuta, víctimas de la dictura de Alberto Fujimori, llevaron este caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en febrero de 2018 dejó la decisión en manos de la justicia peruana.
La anulación
La Corte Suprema anuló el 4 de octubre el indulto concedido por PPK y ordenó su captura inmediata. Fujimori fue trasladado de emergencia a la clínica Centenario donde recién el 23 de enero fue trasladado al penal de Barbadillo de la Diroes.
La resolución de la Corte, de 225 páginas, el magistrado supremo Hugo Núñez Julca indica que el control de convencionalidad consiste en evaluar el “cumplimiento íntegro y de buena fe del fallo y que las decisiones de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) no se vean mermadas por la aplicación de normas nacionales contrarias o por decisiones judiciales y administrativas que hagan ilusorio su cumplimiento”.
Además, analiza los hechos políticos que llevaron a que Kuczynski firmase el indulto para el exmandatario y cuestiona la forma, la velocidad e irregularidades del trámite concedido por parte del entonces presidente.
Fuente Perú21
