El 4 de octubre del 2018, el ex director de contratos de Odebrecht Antonio Carlos Nostre testificó que la constructora brasileña pagó US$24,4 millones en sobornos por la línea uno del metro de Lima, ejecutada durante el segundo mandato del ex presidente Alan García Pérez.

En su declaración, Nostre sindicó al ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo, los ex integrantes del comité de selección Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau Novoa como los principales receptores de aproximadamente US$10 millones de las coimas.

Nostre no pudo precisar cuál fue el destino de los US$14 millones restantes. Señaló que Jorge Barata, ex superintendente de la constructora en Perú, podría dar más indicios de la forma en la que se repartió el dinero ilícito.

La resolución del Poder Judicial que ordenó la detención preliminar del ex presidente Alan García Pérez; el ex secretario de la Presidencia, Luis Nava; el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo y otros seis ex funcionarios del gobierno aprista contiene información reveladora sobre la distribución de este dinero.

El equipo liderado por el fiscal José Domingo Pérez corroboró la declaración de Nostre con las de tres testigos protegidos tomadas este año. A partir de ello indicaron que los supuestos pagos recibidos por el ex secretario general de la Presidencia Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala y sus hijos forman parte del paquete de presuntos sobornos pagados por el metro de Lima.

“En el monto aproximado de US$14 millones [de] dólares se han empleado a los siguientes intermediarios: Luis José Nava Guibert, José Antonio Nava Mendiola, Faresh Miguel Atala Herrera y Samir Atala Nemi, quienes de forma personal, usando empresas peruanas vinculadas a ellos o a través de sociedades offshore como lo es Ammarin Investment Inc, de la [que] Faresh Miguel Atala Herrera y Samir Atala Nemi fueron apoderados, recibieron dineros de Odebrecht”, se lee en el punto 40 de la resolución.

Miguel Atala

Según los reportes de Odebrecht, Miguel Atala fue pieza clave en la recepción de presuntos fondos ilícitos.

Los US$24,4 millones se habrían distribuido de la siguiente forma: el ex viceministro de comunicaciones Jorge Luis Cuba Hidalgo habría recibido dos pagos por US$1,4 millones y US$6,7 millones; Edwin Luyo Barrientos y Mariella Janette Huerta Minaya, US$1,2 millones; Santiago Chau Novoa US$400 mil.

Aunque la resolución no lo incluye, este Diario accedió a información que señala que integrantes del comité evaluador que otorgó la buena pro al consorcio Tren Eléctrico también recibió US$1 millón.

De otro lado, Luis Nava habría recibido, a través de múltiples aportes, la suma de US$2’762.417,90. Nava ejerció durante la mayor parte del gobierno de García como secretario general de la Presidencia, un puesto en el que no se toman decisiones sobre adjudicaciones. En tanto, su hijo José Nava habría recibido US$471.302.

Además, la fiscalía ha identificado que Klienfeld Services, offshore de Odebrecht, transfirió US$1’321.766,72 a Ammarin Investment, de propiedad de los Atala, en una cuenta en la Banca Privada D’Andorra. Este dinero tendría como beneficiario real a Nava Guibert, según la hipótesis fiscal. Aún falta identificar la ruta exacta de los US$9 millones restantes.

Nava Guibert negó haber recibido pagos ilícitos de la constructora. En tanto, Miguel Atala justificó el pago recibido de Odebrecht con la supuesta venta de un terreno a la constructora, a través de Yamil Tali Hamideh, un socio ya fallecido. El ex gerente de la Banca Privada D’Andorra Francesc Pérez lo desmintió.

La fiscalía también tiene información sobre aportes hechos por la empresa a sujetos identificados con el ‘codiname’ de ‘APRA’ y ‘Laque’, presuntamente el ex ministro Luis Alva Castro, por un total de US$333.482,78. La resolución no precisa si estos pagos forman parte del paquete de US$24,4 millones pagado por presuntos sobornos en el Caso Metro de Lima.

El interrogatorio a Jorge Barata —que se realizará la próxima semana— empezará con el Caso Metro de Lima, oportunidad para aclarar quiénes fueron los beneficiarios finales de los pagos ilícitos y cuánto cobraron.

Fuente El Comercio

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