La Procuraduría Anticorrupción interpuso 264 denuncias ante el Ministerio Público en el marco del estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno para frenar los casos de contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).
De acuerdo al Boletín Informativo N°01 ‘Corrupción en la emergencia sanitaria COVID-19’, elaborado por la misma Procuraduría, los delitos de corrupción en los que están involucrados funcionarios públicos son: peculado, colusión y negociación incompatible.
Dicho estudio también revela que, hasta el 4 de junio de ese año, ya son 700 las investigaciones fiscales por presuntos delitos contra la administración pública desde que inicio la emergencia nacional el pasado 15 de marzo.
Es así que la Procuraduría Anticorrupción viene trabajando en sus 37 sedes con el fin de acelerar las denuncias que involucran a los funcionarios del Estado.
Según el informe, los casos de mayores indicios de corrupción se concentran principalmente en siete regiones: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.
Cabe precisar que la mayoría de estos hechos están relacionados a contrataciones públicas de bienes y servicios, tales como adquisición de implementos de bioseguridad, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal, alimentos, etc.
Por otra parte, existen instituciones dañados por estos supuestos actos ilegales, entre las cuales están: las municipalidades distritales y provinciales, los Gobiernos Regionales, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud, EsSalud, entre otros.
Es importante recalcar que desde que se decretó la emergencia sanitaria debido a la COVID-19, el 11 de marzo del 2020, la Procuraduría viene articulando la defensa jurídica del Estado peruano y llevando las labores de investigación en la Fiscalía ante presuntos actos de corrupción en medio de la pandemia.
Fuente La República
