La instancia que preside la jueza María Álvarez escuchó el último lunes los fundamentos de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para incluir en el caso de la Interoceánica Sur, tramo II, a las empresas Constructora Norberto Odebrecht SA, JJC, Graña y Montero e ICCGSA.

Los argumentos estuvieron a cargo del procurador Jorge Ramírez y este sostuvo que las empresas debían incluirse en el expediente 26-2018-19 en calidad de terceros civilmente responsables.

Cabe precisar que la ejecución de las obras para el tramo II de la carretera se dieron en el gobierno de Alejandro Toledo. Además, existió un perjuicio de alrededor de US$182 millones al Estado por una serie de contratos que favorecieron a la constructora brasileña.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, las otras compañías como JJC, Graña y Montero e ICCGSA actuaron en la misma línea para beneficiar a Odebrecht en 2005. Es necesario indicar que las dos últimas también son investigadas en el caso del ‘Club de la Construcción’.

En este sentido también, según la Auditoría de Cumplimiento N°533-2016, hubo tres observaciones a la ejecución del proyecto. Una de ellas se refiere a “soluciones técnicas” que significaron un pago adicional de más de US$57 millones para la construcción de la carretera en Hualla Hualla, Ocongate y Huayllayoc.

La segunda observación se refiere a un acta de trato directo hecho en marzo del 2008, que permitió un pago de US$36 millones a la concesionaria. Por último, la Adenda N° 5 del 2006, aceptó reconocer la valorización de los gastos generales de 27% a 35,5% sin justificaciones suficientes.

Sobre la base de estos hechos se pide la incorporación de las empresas ya mencionadas al caso. En la investigación por la Interoceánica Sur, tramo II, se encuentran aproximadamente 22 exfuncionarios del MTC y Ositran, como Héctor Kuang Salas, Dante Rodríguez, Wilfredo Becerra, etc. La jueza María Álvarez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, decidiera el pedido de la Procuraduría en el plazo de ley.

Fuente La República

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