El congresista Juan Burgos, de la bancada Podemos Perú, presentó un proyecto de ley que busca prohibir que los funcionarios públicos y ex trabajadores del aparato público que sean investigados por casos de corrupción no tengan defensa legal pagada por el Estado.
Actualmente, el artículo 35 de la Ley del Servicio Civil otorga a los trabajadores y ex trabajadores del Estado el beneficio de tener defensa y asesoría legal en los procesos que se les abran por actos funcionales, debiendo reponer el costo si son sentenciados por el fuero judicial.
Burgos Oliveros basa su propuesta en un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que señala que alrededor de 2059 autoridades y exautoridades regionales y locales han incurrido en delitos de corrupción. También cita un informe de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que señala en el 2021 hubo 1212 procesados por delitos contra la administración pública.
Asimismo, indican que de acuerdo a cifras de la Contraloría, los actos de corrupción de funcionarios costaron al Estado peruano alrededor de S/ 24 268 000 000, lo que significó un nivel de incidencia de 12.7% del sector público
Fuente Caretas
