El fiscal superior Rafael Vela se pronunció sobre las interferencias a la investigación por parte de congresistas cuyos líderes están presos, la situación del Tribunal Constitucional, el impacto del eventual excarcelación de Keiko Fujimori y la situación de iliquidez de la constructora brasileña.
– ¿La mayoría fujimorista en el Congreso afectó el trabajo de Equipo Especial Lava Jato?
-No quisiera hacer una referencia específica de algún grupo político. Pero, sí hemos tenido que confrontar muchas intromisiones dentro de desarrollo de las actividades del Congreso. Además, no podría hablar de un grupo específico porque también hay que considerar que se forjaron muchas alianzas estratégicas en el Congreso que han buscado destruir la labor del Equipo Especial.
-¿Cuál fue la acción más evidente de este grupo político a favor de Keiko Fujimori?
-El fiscal José Domingo Pérez en determinado momento presentó ante el Poder Judicial unas conversaciones específicamente de integrantes del grupo fujimorista, en las que se hacía alusión a una serie de estrategias que buscaban desprestigiar y condicionar la labor del fiscal, información que en su momento fue valorada. Es así que se toma conocimiento que había una conexión con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. A partir de su figura se generaron una serie de intromisiones en perjuicio del desarrollo de las actividades del Equipo Especial. Así entendimos que no sólo éramos hostilizados desde dentro de nuestra propia institución sino también desde afuera mediante un partido político.
-¿Considera que la designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional de la forma como la había iniciado Fuerza Popular y sus aliados, representaba era una amenaza para el Equipo Especial Lava Jato?
-No se puede hacer un comentario específico sobre lo que sería una decisión política. No hay que olvidar que el TC se ha convertido en una especie de justicia que sustituye a la que administra el Poder Judicial, porque, ciertamente, todos los casos de las investigaciones del Equipo Especial están llegando al TC en la forma de demandas de hábeas corpus. Entonces, nos preocupa contar con una institución como el TC que esté conformado por magistrados con algún tipo de tacha o condicionamiento.
– ¿La eventual excarcelación de Keiko Fujimori afectaría la investigación?
-Desde de la perspectiva de que el Equipo Especial, por intermedio del fiscal José Domingo Pérez, ha postulado que no sólo hubo hostilizaciones mediante escritos, sino que también existió una permanente obstaculización de peligro procesal que ha sido admitido por las tres instancias del Poder Judicial, entonces el escenario de sostenibilidad de una medida coercitiva (detención preventiva) es indispensable. Pero no solo porque lo digamos nosotros como fiscales, sino porque, reitero, esto ha sido materia de control judicial en tres instancias en el Poder Judicial. Inclusive ha sido materia de pronunciamiento expreso de seis jueces supremos para definir de que la medida no solo ha sido estrictamente proporcional y necesaria, sino también que debe mantenerse para garantizar los fines de la investigación.
Nuevos colaboradores eficaces
– ¿Cuántos colaboradores eficaces ya tiene el Equipo Especial en el caso de Fuerza Popular?
-Todavía eso es materia de control. Se han postulados varios cuadernos de personas que han acudido al sistema de administración de justicia a solicitar beneficios por colaboración eficaz, pero eso tiene que ser materia de un control de carácter judicial. Estamos pendientes que el Poder Judicial se pronuncie respecto a los requerimientos que ya han sido formulados por parte del fiscal José Domingo Pérez. Y partir de ello podemos tener la posibilidad de comentar públicamente cuántos colaboradores eficaces el Poder Judicial ha llegado a controlar y aprobar.
– ¿Y cuántos colaboradores hay en el caso del Apra y Alan García?
-El señor García no es objeto de investigación. Sus investigaciones se han extinguido por su muerte. Lo que existe son investigaciones relacionadas a la criminalidad organizada y graves casos de lavado de activos y corrupción, que por supuesto están siendo activamente impulsadas por el Equipo Especial.
-¿Con la disolución del Congreso, el Equipo Especial podrá trabajar mejor?
-Nosotros siempre hemos estado sometidos plenamente a la garantía de la legalidad y judicialidad. El Congreso para nosotros en determinado momento ha representado más bien una amenaza permanente en el desarrollo de nuestras actividades. Sin embargo, dentro del respeto de la constitucionalidad, siempre hemos respetado las atribuciones del Congreso de la República. Por eso hemos denunciado permanentemente los actos de hostilización y hemos denunciado la instrumentalización de la función parlamentaria para cambiar las reglas de legalidad que existía en el desarrollo de nuestras actividades. Porque se ha buscado favorecer a determinados investigados. Entonces nuestra crítica ha estado siempre en ese nivel.
– Así como Graña y Montero se ha acogido a la colaboración eficaz, ¿qué otras empresas lo han hecho en el Caso Club de la Construcción?
-No puedo hacer un comentario específico porque eso se encuentra dentro de la reserva que es propia de los procedimientos de colaboración eficaz. Pero puedo hablar en términos estadísticos. Tenemos cinco personas jurídicas (empresas), una extranjera y cuatro nacionales que aspiran a recibir beneficios por colaboración eficaz. Estos procedimientos están en marcha. Son procedimientos donde no solo interviene el Ministerio Público, sino la Procuraduría Pública, que busca compensar los resarcimiento económico en base a la admisión de culpabilidad de estas personas que se acercan al sistema de administración de justicia y contribuyen con pruebas de muy difícil acceso y que permite criminalizar a otras personas y progresar dentro del desarrollo de las investigaciones, así como comprobar las hipótesis que trabaja el Equipo Especial.
Obstáculos y soluciones
-¿Es cierto que la iliquidez de Odebrecht es una amenaza para las investigaciones?
-Dentro del acuerdo de colaboración eficaz controlado y aprobado por el Poder Judicial, hay algunos extremos relacionados con el trabajo que en su momento realizó la procuraduría. Efectivamente, dentro del análisis del estado financiero de la empresa y de la compensación económica que tenía como obligación ofrecer la empresa, también se analizaron sus estados financieros para que la colaboración eficaz pueda completarse en términos de las obligaciones que asume el colaborador. Cuando se busca que estos acuerdos se cumplan es porque hacemos uso de una herramienta de la legalidad, dónde hay aspectos que si bien nosotros no hemos negociado, deben ser respetados a partir de los acuerdos de voluntades.
-¿Por qué Barata no pudo decodificar los 71 codinomes?
-Precisamente por dificultades de ese orden al que usted ha preguntado. Es decir, hay algunas condiciones dentro de las cuales la colaboración eficaz demanda de recursos financieros y de financiamiento. Lo que sucede es que empresa Odebrecht tiene un serio problema de liquidez, por tanto no es capaz de poder afrontar en toda su plenitud de asumir todas las obligaciones propias de la colaboración eficaz. Cuando el colaborador Jorge Barata tiene que responder preguntas muchas de ellas tienen una incidencia con hechos dónde él directamente no ha participado, pero sí sus colaboradores. Entonces para que él pueda ser capaz de responder y descodificar los “codinomes”, que no siempre han sido de su conocimiento, necesita que los miembros de todo su equipo de funcionarios que participaron en actos ilícitos se vuelvan a reunir.
Adicionalmente lo acompaña todo el soporte documental que se encuentra en el servidor Drousys y May Day Web. Este servidor está en condición depositario de una persona jurídica privada y que a su vez ha sido contratada por la Procuraduría Federal brasileña. Está empresa presta el servicio de custodia y también de gestión del sistema Drousys y My Web Day, pero lo hace bajo un costo financiero. Esos costos financieros están impagos desde diciembre del año 2018.
Durante todo este año la búsqueda ha sido realizado como una especie de crédito pendiente, pero ha llegado un momento que ese proveedor privado de servicios le ha manifestando a la empresa Odebrecht que mientras no se le cancele no va a poder seguir brindando el servicio que le ha pedido. Entonces existen estas dificultades dónde de los cuales el recurso de liquidez financiero resulta indispensable para que las obligaciones del colaborador eficaz se puedan materializar y el ministerio público pueda exigir en el mayor rigor posible que el desarrollo de las declaraciones venga ya completada con todo el soporte documental correspondiente.
-¿Qué información pudo aportar Eleuberto Martorelli?
-El caso del señor Eleuberto Martorelli, justamente completa la respuesta que le di a la pregunta anterior. El caso de Eleuberto Martorelli es más bien de un ejecutivo operativo, por eso Martorelli ha sido capaz de brindar mucha mayor cantidad de información en algunos casos, porque él ha sido un testigo directo de los actos ilícitos que se realizaron. Entonces efectivamente él ha presentado información respecto a varios casos y también ha podido realizar descodificaciones porque él fue quien designó esos codinomes directamente y se lo transmitido a Jorge Barata los ingrese al sistema Drousys y My Web Day.
Lo que se viene
-¿Qué diligencias de importancia se avecinan ahora?
-Nosotros hemos programado la continuación de la declaración del colaborador Jorge Barata y de Eleuberto Martorelli porque, precisamente, por las dificultades que han asistido en la jornada de trabajo en la ciudad de Curitiba. Ahora debemos complementar las declaraciones de ambos y se han programado las mismas entre el 12 al 14 de noviembre, nos vamos a constituir nuevamente a la ciudad de Curitiba para completar ya todo el proceso de descodificación. Esperamos con una solución financiera que pueda acompañar ya todo lo que significa el soporte documental que debe acompañar a toda las dosificaciones porque terminan explicando la historia detrás de la asignación de un codinome y además también complementan lanzamientos que figuran dentro del sistema con operaciones financiera que efectivamente comprobarían el extorno de las cantidades de dinero que allí figuran.
– Es cierto que las coordinaciones entre el equipo especial Lava Jato, Odebrecht y Jorge Barata están en su situación límite y a punto del descalabro?
-Nuestra situación es la misma dentro de la cual desarrollamos nuestras actividades en el marco de un acuerdo de colaborador eficaz controlado y aprobado por el Poder Judicial. Todas estas circunstancias en la medida que exista sometimiento pleno de la persona jurídica Odebrecht y de los colaboradores eficaces, es posible de que cualquier tipo de controversia sea resuelta a través de los mismos mecanismos, estipulados en los acuerdo de colaborador eficaz, en la medida que se siga sosteniendo las obligaciones y que exista las condiciones dentro de las cuales se acordó este acuerdo de colaboración, de nosotros mantenemos un permanente diálogo.
Evidentemente, pueden existir circunstancias dentro de las cuales se pueden esclarecer algunas consideraciones propias del acuerdo o propias de la sentencia judicial, como es el caso que próximamente deberá definir el Poder Judicial. Siempre estamos sometidos a la legalidad en esa dimensión la empresa Odebrecht ha demostrado su sometiendo a las autoridades peruanas acudiendo a la notificación que formuló la Procuraduría Federal de Brasil por pedido de los fiscales del equipo especial. Entonces en la medida que ese respeto se siga cumpliendo, nuestra relación jurídica procesal sigue siendo exactamente la misma.
Fuente La República
