Las expectativas para la inversión pública este año son grandes: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que crezca 15%, mientras que el BCR mejoró en su último reporte de inflación su proyección de este indicador de 7,4% a 11%.
Sin embargo, lo visto en el primer trimestre no alimenta aún estas esperanzas. La caída acumulada es de 5% con respecto al mismo período del año anterior. En marzo, si bien la cifra mejoró con respecto a febrero, siguió siendo negativa: -10%.
Hace un mes, el MEF esperaba que el repunte empezara en abril, pero ahora se espera que la capacidad de ejecución de múltiples gobiernos regionales y locales se verá afectada, pues su prioridad será atender la emergencia.
SECTORES
La caída en sectores claves en marzo se debió a que las actividades programadas en el mismo período del 2016 involucraban montos más altos.
En el caso del sector Transportes y Comunicaciones, esto explica gran parte de su menor ejecución. A inicios del 2016 se pusieron en marcha diversas concesiones, por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó grandes adelantos de pagos a lo largo del primer trimestre. Así, en marzo de ese año, se adelantó S/43 millones para la carretera Tacna-La Paz, S/31 millones a la línea 2 del metro de Lima, S/28 millones a la carretera Lima-Canta-Huayllay, entre otras concesiones.
Sin embargo, además de la alta base de comparación interanual, persisten los retrasos en los pagos de asociaciones público-privadas (APP) debido al ruido político que existe sobre estas obras a raíz del Caso Odebrecht. En marzo de este año no se logró pagar S/50 millones a la línea 1 del metro de Lima, mientras que los pagos de las IIRSA Norte y Sur siguen paralizados. Esto último se debe a que aún no se determina el porcentaje que se retendrá en el fideicomiso creado por el Decreto de Urgencia 003-2017 que regula la continuidad de las inversiones ante hechos de corrupción. Ahora se espera que estos pagos se reanuden en abril.
El sector Vivienda, Construcción y Saneamiento es otro que ha tenido resultados negativos este primer trimestre. Parte de la explicación es que también se partía de una base alta, pues en marzo del 2016 se compró maquinaria (S/57 millones) para hacer frente a la emergencia de El Niño de ese año, lo que generó un gasto extraordinario.
Pero además, el sector recién se está acomodando al nuevo nivel de ejecución requerido por los sustanciales incrementos presupuestales que ha tenido para este año.
Asimismo, este mes no se logró ejecutar el adelanto directo de S/81 millones para las vías y saneamiento de Ciudad de Olmos, pero se proyecta ejecutar el pago a fines de abril. Carlos Oliva, director de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y ex viceministro de Hacienda, advierte que para este proyecto se tiene previsto ejecutar S/400 millones y aún no se ha avanzado nada. Estima que se reanudará recién en el 2018.
¿SE DARÁ UN REPUNTE?
Si bien el MEF espera que la reconstrucción tras los daños ocasionados por El Niño costero reactive la inversión pública, dicho efecto no se vería en los próximos meses, ya que las actividades en la fase de atención de la emergencia se financian, en su mayoría, con gasto corriente.
Así, el MEF espera que la recuperación prevista en abril no llegue todavía y, más bien, anticipa que el efecto se verá hacia mediados de año, cuando inicie la fase de reconstrucción. Se espera que, en ese período, el mecanismo de ‘fast track’ para la adquisición de bienes y servicios dispare la inversión pública y se alcance la meta de crecimiento de 15%.
Al respecto, Oliva señala que es verdad que existe espacio para que la inversión pública crezca hasta la meta propuesta, dado que existe el marco legal y el presupuesto para lograrlo. No obstante, advierte que la capacidad de ejecución es el problema de fondo y no ha sido resuelto.
Para Flavio Ausejo, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, a esto se suma la mayor presión por gastar con “velocidad” en un contexto en el que el ‘Caso Odebrecht’ y las nuevas reglas de juego en los sistemas de contratación del Estado y de inversión pública obligan al funcionario a remar contra la corriente.
Finalmente, sobre el ‘fast track’ anunciado por el Gobierno para las contrataciones en el período de reconstrucción, Oliva recomienda que no se den exoneraciones a los proyectos de inversión pública y que se mantengan los filtros. El foco, dice, debería estar en agilizar el proceso. También propone que existan mecanismos que protejan a los funcionarios de la contraloría, pues el “miedo a firmar” podría retrasar aún más la ejecución. Ausejo coincide y añade que la organización adscrita a la PCM que se creará para la reconstrucción deberá estar empoderada y ser ágil para acelerar la inversión.
Fuente El Comercio
