La senadora por Renovación Popular, Katherine Ampuero, denunció penalmente ante el Ministerio Público (MP) a funcionarios del Ministerio de Transportes (MTC) y al consorcio Argos por abandonar una obra de rehabilitación integral del aeropuerto de Yurimaguas-Loreto, cuyo costo de licitación fue de más de 80 millones de soles del dinero de todos los peruanos.
Mediante el expediente n.° 0018054-2026, dirigido al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, la legisladora concluyó que los integrantes del Comité de Licitación Pública n.° 001-2025-MTC/10 cometieron los delitos de colusión agravada y contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento privado falso, previstos en el Código Penal.
“He tomado la decisión de presentar la denuncia penal correspondiente contra los funcionarios involucrados del MTC y los representantes del consorcio Argos por los delitos de colusión agravada y utilización de documentos falsos, que tienen penas de 15 años de cárcel”, exclamó Ampuero durante su visita a Yurimaguas.
En ese sentido, solicitó al titular del MP disponer el inicio de las diligencias preliminares correspondientes contra los siguientes personajes: Rafael César Moya Goycochea (primer integrante suplente del Comité de Licitación Pública), Jonathan Héctor Pérez Arcos (segundo integrante titular) y Junior Alexander Carrasco Herrera (tercer integrante titular).
Entre otros implicados están Paola Mariella Marín Ugarte (directora de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo de Aeronáutica Civil del MTC), Raúl Ernesto Morales Tovar (ingeniero de proyectos, suscriptor que formó parte del equipo de trabajo del Proyecto PER/17/801-B), Humberto Toro Villalobos (representante común del Consorcio Argos) y Pedro Luis Delgado Pérez (representante común del Consorcio CPS-GEOCONSULT).
“Esta buena pro se dio de manera absolutamente irregular porque uno de los integrantes del consorcio Argos, que está conformado por una empresa peruana y otra mexicana, se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado”, dijo Ampuero a EXPRESO.
Volviendo a la denuncia, el MTC determinó que la oferta técnica del citado consorcio sí cumplía con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, pese a que los certificados presuntamente falsificados no acreditaban la experiencia mínima exigida en el cargo ni en la tipología de obras.
Aun así, el Comité de Selección procedió a adjudicar la buena pro al Consorcio Argos el 27 de agosto del 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte.
“Este consorcio había presentado certificados falsos, pues la persona cuyo nombre utilizaron ha señalado que jamás autorizó el uso de su nombre y ni siquiera conoce a la empresa (Argos). Pese a eso, le dieron el contrato y otorgaron un adelanto de más de 24 millones de soles”, aseguró.
En otro fragmento de la denuncia indicó que, luego de la adjudicación de la buena pro, el MTC y el Consorcio Argos suscribieron el Contrato n.° 158-2025-MTC/10.02 por el monto de ochenta millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento dos con 81/100 soles (S/ 80’868,102.81); y, como consecuencia de ello, se entregó al Consorcio Argos, como “adelanto directo” y “adelanto para materiales e insumos”, la suma de S/ 24’759,001.00 del tesoro público.
“La obra ni siquiera tiene un avance del 5 %. Cuando he ido a verificar el aeródromo de Yurimaguas, la obra está totalmente paralizada, no había ningún trabajador del consorcio Argos. Ya deberían tener el 50 % de avance”, añadió.
En otra parte de esta denuncia figuró la evaluación y análisis del Informe de Auditoría n.° 021-2026-2-5304-AC, del 26 de junio de 2026, realizado por el Órgano de Control Institucional del MTC.
A través de la Auditoría de Cumplimiento a esta entidad del Estado, respecto del periodo del 13 de enero de 2025 al 12 de diciembre de 2025, del expediente de contratación de la Licitación Pública n.° 001-2025-MTC/10, se evidenció que el Consorcio Argos, al momento de efectuar su oferta como postor, se encontraba impedido para contratar con el Estado.
Según registros periodísticos, el Aeropuerto Moisés Benzaquén Rengifo de Yurimaguas no ha dejado de funcionar de forma definitiva, pero opera sin recibir vuelos comerciales desde 2024.
Su situación actual se debe a un colapso en su infraestructura y a paralizaciones laborales recientes, como la erosión y el colapso de la pista entre enero y febrero de 2024. El aeródromo fue declarado en estado restringido, impidiendo el ingreso de aeronaves regulares de gran tamaño.
Luego de que el MTC entregara el terreno en marzo del 2026 para una modernización integral, las obras físicas se iniciaron en mayo. Esto suspendió el tránsito habitual para dar paso a la reconstrucción de la pista.
Entre junio y agosto de 2026, el proyecto de modernización, que debía solucionar el problema de la pista, quedó varado pocas semanas después debido a fuertes conflictos laborales entre el consorcio constructor y el sindicato de Construcción Civil por la cuota de empleo local, dejando el aeropuerto completamente inhabilitado y en estado de abandono.
Fuente Diario Expreso
