El Poder Judicial revocó la resolución de primera instancia que dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, y otros tres investigados por el presunto delito de colusión y organización criminal.
La Sala Penal de Apelaciones les impuso comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país por 18 meses y el pago de una caución de S/ 100,000 al investigado Bogarín Vargas, S/ 50,000 a Iván Bogarín Urmachea y el monto de S/ 20,000 a César Panduro Ruíz y José Germán Aro Cotrina.
La caución deberá depositarse en el Banco de la Nación a nombre del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el plazo de 8 días.
Se ha ordenado la inmediata libertad de los investigados citados, siempre y cuando no exista alguna otra orden de detención emitida por autoridad judicial competente en contra de los procesados.
A criterio del colegiado, no corresponde imponer prisión preventiva al exgobernador regional como requirió la fiscalía, porque los elementos de convicción presentados y debatidos solo alcanza a formar sospecha reveladora.
Asimismo, el Poder Judicial ordenó la medida coercitiva de comparecencia con restricciones en contra de los investigados, en aplicación de los artículos 287 y 288 del CPP, debiendo cumplir estrictamente las reglas de conducta referentes a la obligación de informar sus actividades ante el Juez cada 30 días mediante informe escrito y a través del Control Virtual Penal de Procesados y Sentenciados Libres.
De igual manera, tienen que concurrir a todas las citaciones fiscales y judiciales y están obligados a no ausentarse de la localidad en la que reside, sin previa autorización expresa de la autoridad judicial.
Captura y prisión preventiva
En enero pasado, el Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios logró que se dictara 24 meses de prisión preventiva contra Pedro Bogarín, sindicado como presunto líder de la organización criminal Los Elegantes del Norte.
La medida coercitiva por el delito de colusión agravada y organización criminal también alcanzó a su hijo, Iván Bogarín Urmachea, y los exfuncionarios del gobierno regional de San Martín, César Panduro y Germán Aro, según el Ministerio Público.
De acuerdo a una investigación, Bogarín, con la complicidad de su personal de confianza, favorecieron a empresarios y proveedores con la adjudicación de contratos, a quienes se les cobraba un “peaje”, que era calculado en base al monto total de la obra pública, así como el cobro de un “apoyo económico”, que habría tenido en su campaña política.
Según la tesis fiscal, el exgobernador habría direccionado contratos y cobrado sobornos que habrían generado un perjuicio al Estado de más de 300 millones de soles.
Fuente Andina
