Lima, ago. 10. El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General, confirmó la sanción de 2 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública a dos funcionarios del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider) del Gobierno Regional Ayacucho (GRA).
La Contraloría reveló que ambos funcionarios, de manera irregular, ampliaron el plazo del contrato N° 139-2012-GRA-Prider, suscrito para el abastecimiento de material agregado para la obra Construcción del Sistema de Riego Masinga, incumpliendo las disposiciones que regulan las causales y procedimiento para ampliaciones de plazo establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Como consecuencia de esta decisión, Yuri Eliseo Canales Rimachi (director de Infraestructura del Prider) y Eduardo César Huacoto Díaz (director general del Prider), no podrán prestar servicios para la administración pública por 2 años, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que se pudieran tramitar en su contra.
Esta sanción tiene su origen en la acción de control efectuada al Prider del Gobierno Regional Ayacucho, por el que se emitió el Informe de Control N° 966-2013-CG/ORAY-EE, en el que se estableció la responsabilidad debido a la inaplicación de penalidades.
Las inhabilitaciones impuestas implican el impedimento para que los funcionarios sancionados ejerzan cualquier tipo de función pública en tanto dure la sanción.
La Contraloría presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 2528/2013-CG en el que propone incluir a gobernadores y vicegobernadores, así como a alcaldes y regidores municipales en la potestad sancionadora de la Contraloría General.
