Un contrato a la medida. Contraloría observó que municipalidad de Alto Selva Alegre habría favorecido a consultor y empresa que se encargaron de elaborar y ejecutar sistema de seguridad de video vigilancia. Alcalde niega irregularidades.
El proyecto bandera del burgomaestre de Alto Selva Alegre (ASA) y presidente de la Asociación de Alcaldes de Arequipa, Omar Candia Aguilar, fue un moderno sistema de videovigilancia en el distrito arequipeño. Esta red destinada a enfrentar la delincuencia, la prometió Candia en la campaña del 2010. Como un político coherente, la inauguró el servicio que identificaría al detalle los actos delictivos en su jurisdicción, en noviembre del 2012. Se invirtió S/. 2 millones 100 mil y se presentó como el mejor del país.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (Operativo Misti) hizo varias observaciones. Se precisa que la licitación para contratar a la empresa estuvo marcada por varias irregularidades. También se cuestiona la contratación del consultor Sandro Martínez Sardón, cuya misión era elaborar el expediente técnico. Hay un presunto direccionamiento.
Según la Contraloría, el perjuicio asciende a S/. 2 millones 300 mil.
LOS SOCIOS
Los problemas comenzaron desde la elaboración del proyecto, en octubre del 2010. El consultor Sandro Martínez Sardón está vinculado con el Consorcio Soluciones Andinas, la empresa ganadora para instalar el sistema. El domicilio de la consultora Martínez, en la avenida principal del distrito de Sabandía, es el mismo donde el Consorcio Soluciones Andinas estableció el 2012 sus almacenes. ¿Así podría asegurarse un concurso transparente?
DETALLE DE BENEFICIOS
La contratación de Martínez también es cuestionada. Dice que las bases para incorporarlo se elaboraron sin contar con las autorizaciones de los funcionarios de la oficina de proyectos. Y los requisitos profesionales son muy genéricos.
Soluciones Andinas es una sociedad empresarial conformada por la empresa Soluciones (Lima), gerenciada por José Ríos Sánchez, y la internacional Andina Technology Partners. Las bases de la licitación se elaboraron de acuerdo a las necesidades del consorcio. El concurso se hizo con las cotizaciones que curiosamente hicieron las empresas relacionadas a Ríos. El municipio pidió tasar el valor del proyecto y así elaborar sus bases. La responsabilidad recayó en Soluciones Andinas y Poder Net S.A. de Jéssica Lapoint Silva, esposa de Ríos, y Nexus Technology. El gerente de esta última es Guillermo Núñez, que en carta enviada a Contraloría negó su participación en esta tarea. Es decir, hicieron todo a su medida. El encargado del área de Logística del municipio de Selva Alegre, Juan Lipe, dijo que la cotización a Nexus se hizo por teléfono.
Las observaciones a las bases fueron resueltas por Sandro Martínez, socio del consorcio ganador. No se incluyeron las acotaciones realizadas por otra de las empresas participantes, Electronic Internacional. Ésta hizo notar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce). Osce le dio la razón al quejoso y comunicó al presidente del Comité de Licitación, Reynaldo Díaz Chilo, que se estaba violando la norma de contrataciones al no integrar en las bases las observaciones de Electronic. Agregó que ello acarreaba la anulación del proceso, pero no se hizo caso. Se continuó con la licitación que ganó por el Consorcio Soluciones.
EQUIPOS DEFECTUOSOS
Luego de la firma del contrato entre el municipio y Consorcio Soluciones, el 22 de febrero de 2012 se notó que la empresa ganadora no presentó el estudio radioeléctrico (análisis para ver la interconexión de cámaras a través de señales de radio en una zona específica) del sistema de seguridad, pese a que existía el compromiso por escrito. Ello no fue observado por la comuna de ASA, que firmó el contrato.
El municipio también modificó el contrato a favor del consorcio. Éste solicitó cambiar el sistema de interconexión de cámaras de un espectro radioeléctrico a fibra óptica (cableado). La petición fue aceptada por la comuna, pese a que las bases decían lo contrario. Para la Contraloría ello es irregular, porque en lugar de anular el acuerdo por incumplimiento de cláusulas, se adecuó a su favor.
El municipio recibió las cámaras malogradas. El 23 de octubre de 2012, el supervisor de seguridad, Julio Salinas, informó por escrito que 18 equipos estaban inoperativos de los 35 instalados. Un informe posterior confirmó ello.
La Contraloría detectó que los pozos a tierra de las 35 cámaras no se hallaron, como tampoco se encontraron 2 pozos a tierra del centro de control; faltaban 4 licencias del sistema operativo de Windows Server, las marcas de los equipos que se comprometió a entregar el Consorcio Soluciones eran distintas a los instalados, entre otros. A pesar de estas irregularidades, el municipio devolvió la carta fianza de S/. 210 mil al consorcio, garantía que se ejecuta en caso de incumplimiento.
Fuente La Republica
