Seis compañías constructoras proveedoras del Estado acordaron con funcionarios públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías Nacional montar una licitación pública fraudulenta para adjudicar un proyecto de 476 millones de soles al Consorcio Vial Quinua, que está integrado por Graña y Montero, ICCGSA y EIVI.

De acuerdo con información que la propia constructora Graña y Montero entregó a la Fiscalía que investiga el caso del ‘Club de la Construcción’ –como parte de un proceso de solicitud de colaboración eficaz– las empresas implicadas acordaron presentar ofertas económicas superiores a la propuesta del Consorcio Vial Quinua, para que el Comité de Licitación de Provías Nacional le otorgara la buena pro.

Documentos obtenidos por La República confirman que, efectivamente, la licitación para la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Quinua-San Francisco, la principal vía de acceso al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) desde la ciudad de Huamanga, Ayacucho, se procedió conforme informó a las autoridades la nueva administración de la constructora Graña y Montero.

De esta manera, las empresas implicadas ofrecieron los siguientes montos, en comparación con el que ofertó el Consorcio Vial Quinua:

  • Consorcio Vial San Francisco, integrado por las compañías ecuatorianas Construcción y Administración (CASA) e Hidalgo e Hidalgo, y la peruana Obras de Ingeniería (Obrainsa): 480 millones 070 mil 042 soles.
  • Consorcio San Francisco, compuesto por la colombiana Conalvias y la serbia Energoprojekt Niskogradnja: 482 millones 060 mil 740 soles.
  • Constructora Andrade Gutiérrez: 484 millones 853 mil 768 soles.
  • Consorcio Vial Quinua, conformada por ICCGSA, Graña y Montero y EIVI: 476 millones 751 mil 462 soles.

A la medida

“Todos sabían que tenían que presentar una propuesta económica menor a la que entregaría el Consorcio Vial Quinua. Graña y Montero ha confirmado lo que los colaboradores eficaces habían declarado, que este proceso se organizó de manera que se escenificara una supuesta licitación en la que todos presentaban sus ofertas y el comité de Provías Nacional elegía a la mejor de todas. Todo era mentira”, señalaron las fuentes relacionadas con el caso.

Como lo reportó el último viernes una investigación de La República, Graña y Montero, como parte del proceso de colaboración eficaz que gestiona la constructora con el fiscal Germán Juárez Atoche, reveló que la compañía ICCGSA, que lideró el Consorcio Vial Quinua, abonó un soborno de 37,5 millones de soles y que luego reclamó un reembolso de 12,5 millones. Los operadores del ‘Club de la Construcción’ le pidieron al consorcio el 2,69% del total del proyecto. En el caso de Graña y Montero, la nueva administración de esta empresa –que a diferencia de la anterior gestión, ha resuelto colaborar con las autoridades– informó a la Fiscalía que abonó el monto que le correspondía. Las constructoras ICCGSA y EIVI no se han pronunciado si desembolsaron los 12,5 millones de coima que debían abonar. Lo cierto es que sí participaron del proyecto.

Según la Fiscalía del caso del ‘Club de la Construcción’, el representante de ICCGSA, Rafael Granados Cueto, era la persona que estaba vinculada con los operadores de dicha organización que repartía las obras públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional a cambio de sobornos: el exasesor del MTC Carlos García Alcázar, y el empresario Rodolfo Prialé de la Peña. Los dos son colaboradores eficaces del fiscal Germán Juárez.

Durante el allanamiento a locales de ICCGSA las autoridades encontraron documentación que acredita que Rafael Granados actuaba como gerente comercial del sector público, vinculado directamente a las licitaciones del MTC y Provías Nacional. También hallaron un listado de obsequios donde se registra la entrega de “dos canastas premium valorizadas en 3.350 soles cada una”, las que fueron recibidas por “(Carlos) García Alcázar y (Rodolfo) Prialé de la Peña, dos personas que actuaron dentro del plan criminal de la organización”, según un informe de la Fiscalía.

Para la Fiscalía del caso, los miembros del ‘Club de la Construcción’ tuvieron que contar con el respaldo de las autoridades del MTC y de Provías Nacional para lograr su objetivo de monopolizar la adjudicación de las obras públicas más cuantiosas.

“Los colaboradores eficaces también dijeron que las autoridades del MTC y de Provías Nacional fueron parte del juego del Club de la Construcción, algo que con la información proporcionada por Graña y Montero va quedando acreditado. También hicieron pagos y regalos a los funcionarios gubernamentales en el periodo 2011-2014. Todos ellos también están bajo investigación”, informaron las fuentes consultadas: “Ellos sabían todo. Aparentaban que se trataba de una licitación, de una puja de ofertas, que ganaría el mejor. No era verdad. Era una concertación. En el caso del proyecto Quinua-San Francisco le tocaba llevarse el proyecto ICCGSA. En la siguiente licitación, le tocaba el turno a otro consorcio de miembros del Club de la Construcción y así sucesivamente”.

En la lista

La licitación simulada se registró el 14 de octubre de 2011 y el comité estuvo presidido por Roberto Salinas Álvarez e integrado por Aldo Aguilar Reátegui y Selvi Ruberto Vargas. El primer miembro titular era Renato Caballero La Rosa, pero este renunció el 9 de agosto, y fue reemplazado por Aldo Aguilar. La República publicó erróneamente que había participado Caballero.

Roberto Salinas, Aldo Aguilar y Selvi Ruberto también participaron en otras licitaciones en las que intervinieron los integrantes del ‘Club de la Construcción’ entre 2011 y 2014, por lo que son investigados por el fiscal Germán Juárez. En los casos en los que tuvieron papel protagónico estos funcionarios, existen indicios de un patrón similar al que reveló Graña y Montero ante las autoridades: presentación de ofertas arregladas para que obtuviera la buena pro la constructora a la que le tocaba el turno.

Al final, el proyecto de la carretera Quinua-San Francisco, que fue adjudicado al consorcio de ICCGSA, Graña y Montero y EIVI por 476 millones 751 mil 462 soles, terminó costando 664 millones 053 mil 012 soles. Es decir, 187 millones 301 mil 550 soles, por costos adicionales y otros reclamos del consorcio. Lo que representa algo así como el 40% más del monto original. Las autoridades no descartan que las consorciadas usaran este porcentaje para pagar parte del soborno que le reclamaron en el ‘Club de la Construcción’.

Alcaldes del VRAE rechazan al Consorcio Vial Quinua

– La Asociación de Alcaldes del Valle de los ríos Apurímac y Ene (AMUVRAE) deploró la confirmación de la existencia de actos de corrupción en el proceso de adjudicación de la carretera Quinua-San Francisco, una vía clave para las localidades de la zona. Exigen al Ejecutivo que entregue a otro consorcio la concesión.

– “Demandamos la inmediata sustitución del Consorcio Vial Quinua-San Francisco para el reinicio y culminación de la carretera Quinua-San Francisco por otra empresa provista de moral, solvencia y garantía”, manifestaron mediante un comunicado.

– Los alcaldes reclamaron que “hasta la fecha la obra no ha sido culminada, causando el malestar de todos los que vivimos en el VRAE”, por lo que se dirigían al Ejecutivo para que resolvieran el caso.

Fuente La República

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