A fines del 2016 el Congreso iniciaba la interpelación al primer ministro de Educación de este quinquenio. En ese contexto, un amigo periodista me alcanzó copia de un documento apócrifo que circulaba por todas las redacciones de los medios de comunicación, en él se hacía una comparación de las compras de computadoras hechas por ese portafolio y el proceso de compras que el Congreso estaba realizando, el cual al final nunca se concluyó. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Junta de Portavoces, quien dispuso que el Servicio Parlamentario continuara con el proceso, dada la necesidad existente.
En el presupuesto del 2016 ya se había planificado comprar para marzo 260 computadoras, pero al mes de octubre aún no se había comprado ninguna. Además, el cuadro de necesidades elaborado para el 2017 –por la gestión anterior– ya contemplaba la adquisición de 720 computadoras adicionales, dado que para ese año ya cumplirían los cuatro años de antigüedad, regla histórica usada en el Congreso para la renovación de equipos. Es decir, la planificación de la compra de 980 computadoras (260 en el 2016 y 720 en el 2017) fue encontrada por la nueva administración.
En octubre nos reunimos los principales funcionarios del Congreso y, al evaluar que existían saldos presupuestales que tendrían que ser devueltos al Tesoro, se decidió adelantar las compras de equipos para el 2017, ahorrando dinero para ese año, llegando a la cifra de 980 equipos, los que serían adquiridos por Convenio Marco; procedimiento exigido por ley para este tipo de bienes a través del sistema de Perú Compras, donde las empresas son seleccionadas y filtradas por OSCE. En cristiano, el sistema está hecho para que los compradores (el Estado) no tengan vínculo con los vendedores (resto del país).
Las computadoras nunca se compraron. Sin embargo, hoy algunos ex y funcionarios del Congreso estamos incursos en un proceso en el cual la fiscal ha solicitado prisión. Es decir, presos por no comprar y por querer ser eficientes.
La única explicación que encuentro para que este proceso continúe es la existencia de presión e intereses que trascienden el ámbito judicial hasta un plano político, y esto, por supuesto, tiene su origen por el cambio de roles en nuestro país: la justicia se politiza y en la política todo se judicializa.
Por eso los funcionarios públicos no quieren comprar nada y las ejecuciones presupuestales son sumamente bajas, pues hay temor de gastar y no les falta razón.
JOSÉ CEVASCO
Fuente Diario Expreso
