La intención de la comuna iqueña de rescindir el contrato con Diestra SAC se cayó luego que el asesor legal de la Municipalidad, Carlos Alberto Llontop Soreano, revelara la existencia de una medida cautelar del 2017 que obliga a la comuna a no realizar ninguna acción para desconocer el acuerdo firmado en agosto del 2005.

El 31 de marzo del 2017, el entonces alcalde Carlos Ramos Loayza envió una carta notarial a la empresa a través de la cual resolvía el contrato de forma unilateral.

La empresa de Alejandrina Diestra no se quedó de brazos cruzados, presentó una medida cautelar y acudió a un arbitraje. El 13 de junio del mismo año, Arbitre Soluciones Arbitrales SRL emitió un fallo en contra de la decisión del edil.

El citado arbitraje dice que la autoridad municipal no deberá “realizar cualquier acto que pretenda desconocer la plena vigencia del contrato de concesión del servicio de limpieza pública”.

Llontop recordó al pleno municipal que este está vigente y debe ser respetado. El informe fue brindado a pedido de varios regidores, como Álvaro Huamaní, que deseaban conocer la situación actual del contrato que hace imposible finalizar el vínculo laboral.

REUNIÓN. Después de varias semanas, la alcaldesa provincial Emma Mejía aceptó sostener una reunión con los representantes de la concesionaria de la limpieza pública. Esta cita se llevará a cabo el próximo el lunes 22 de abril.

Semanas atrás, Diestra SAC buscaba un diálogo con la comuna por el retraso en el pago de las mensualidades y la deuda acumulada de 22 meses, de gestiones pasadas, que suman los 9 millones de soles, incluido los intereses.

Además, está solicitando una reunión con los regidores para exponer la situación actual del contrato y espera que dicho encuentro se lleve a cabo este miércoles, a las 6:00 de la tarde, en la comuna provincial.

COMPLICADO. El regidor provincial, Jacinto Roque Hernández aseguró que el contrato no puede ser disuelto porque tiene el respaldo de Proinversión, el organismo del Estado que promueve la inversión privada en el sector público.

“En la gestión de (Gustavo) Martínez se contrataron abogados especialistas de Lima para poner fin al contrato, pero todos concluyeron que era imposible, por ser muy leonino y estar apoyado por Proinversión”, señaló el concejal.

Añadió que si el Municipio ponía fin al contrato en buenos términos, tenía que pagar una millonaria indemnización y sucedería lo mismo en caso Diestra SAC decida finalizar el acuerdo.

En ese sentido, Roque recomendó a la alcaldesa Mejía cumplir con el contrato que finaliza el 2022.

ARBITRAJE. El Municipio y Diestra SAC sostienen otro litigio por el desalojo de la administración del relleno sanitario. Casi al final de su mandato, el exalcalde provincial Gustavo Martínez García firmó una adenda y otorgó la administración del relleno sanitario, ubicado en el camino hacia la playa Carhuaz a la empresa de Alejandrina Diestra.

La gestión de Ramos Loayza, al asumir el cargo, dispuso el desalojo de Diestra SAC de la administración del ahora botadero construido por el Gobierno Regional de Ica.

Diestra SAC interpuso una medida cautelar al desalojo y desde aquel año se encuentra en arbitraje. La concesionaria ha solicitado 100 millones de soles como indemnización. Han pasado, cuatro años y todavía esto no se resuelve.

Fuente Diario Correo

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