Se destapan más pruebas. El equipo especial de fiscales identificó y verificó la existencia de dinero ilícito, que descubre a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como lideresa de un grupo criminal. De acuerdo a la investigación, recibió sobornos millonarios a cambio de entregar los peajes de la ciudad a empresas brasileñas concesionarias.
La acusación fiscal establece que la cantidad total de sobornos recibidos por Villarán asciende a 11’293,816 dólares, y que contó con una red criminal conocida como “Las Chalinas Verdes”, que le ayudaron tanto a recibir los sobornos como a gastar el dinero ilícito en dos campañas electorales: la de su revocatoria y reelección.
Según un reportaje de ContraCorriente, uno los principales cómplices fue José Miguel Castro, su entonces gerente municipal. Además, se han identificado a una docena de funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima que tuvieron participación directa en la organización delictiva.
De acuerdo a la investigación periodística, la alcaldesa pidió a través de José Castro, siete millones de dólares a la empresa OAS para financiar la campaña por el “No” a la revocatoria. A cambio amplió el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla de 30 a 40 años, lo que permitió a la administradora del peaje subir indiscriminadamente las tarifas.
Las empresas Odebrecht y Graña y Montero también entregaron sobornos a Villarán a cambio de la concesión de proyectos en la ciudad. Graña y Montero entregó una coima de 100,000 soles para suscribir el contrato de la concesión del Proyecto Vía Expresa Sur en 2013.
Además, la fiscalía detectó irregularidades en los aportes del llamado grupo “Amigos de Lima“, que resultaron ser falsos, lo que implica que la exalcaldesa mintió a las autoridades electorales.
Cabe mencionar que, durante el allanamiento al domicilio de su mano derecha, José Castro, se encontró un depósito bancario de 1,000 dólares a nombre de Susana Villarán con la anotación “primera cuota”.
Villarán ha negado todas las acusaciones, pero se enfrenta a una acusación que podría llevarla a purgar una condena por 29 años.
Fuente Diario Expreso
