El equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato solicitó al Poder Judicial que varíe la orden de impedimento de salida del país contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y dicte prisión preventiva por 36 meses.
Según fuentes de El Comercio, el pedido fiscal deberá ser evaluado en audiencia por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios. De acogerse la solicitud, Susana Villarán afrontará el proceso en su contra en prisión.
Del mismo modo, esta medida fue solicitada contra el ex gerente municipal José Miguel Castro y otras cuatro personas.
Sobre la ex burgomaestre pesa una orden de impedimento de salida del país desde el 28 de noviembre del 2017. Esta fue ampliada en agosto del año pasado y vencerá en julio del 2019.
La misma restricción mantiene José Miguel Castro, ex gerente municipal durante la gestión de Villarán.
El requerimiento para Susana Villarán se da poco más de dos semanas después de que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, confirmara que la constructora brasileña aportó US$3 millones a la campaña por el No a la revocación de la entonces burgomaestre de Lima en el 2013, y que dicho monto fue solicitado por el ex gerente municipal José Miguel Castro.
Cabe recordar también que Valdemir Garreta, empresario y publicista brasileño, dijo a la fiscalía peruana en setiembre del 2017 que la asesoría que él y el también publicista Luis Favre dieron a la campaña por el No a la revocatoria fue pagada en su integridad por Odebrecht y OAS. Sostuvo que esta última empresa pagó US$1 millón.
La última vez que Susana Villarán apareció públicamente fue el último martes 7, cuando acudió a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para responder por la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima con Odebrecht (enero 2013) y la ejecución del proyecto Línea Amarilla, cuya adenda N°1 —suscrita en febrero del 2013— benefició a la concesionaria OAS.
La tesis del equipo especial Lava Jato, que le imputa a la ex alcaldesa colusión, lavado de activos y otros delitos, es que Odebrecht y OAS financiaron la campaña por el No con conocimiento de Villarán a cambio de recibir beneficios.
Fuente El Comercio
